Juan Carlos Ramos Sánchez: el edil que se juntó con "La Mina mala"

El concejal de Sant Adrià detenido por adjudicar vigilancia de obras a clanes de la droga "cayó" en las redes de una minoría criminal

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El concejal Juan Carlos Ramos Sánchez, detenido ayer en el marco de una operación antidroga / CG
20.06.2017 00:00 h.

Juan Carlos Ramos Sánchez: el concejal que se juntó con "La Mina mala". Así describen vecinos del barrio al concejal de Sant Adrià de Besós (Barcelona) detenido ayer lunes, 19 de junio, por adjudicar presuntamente la vigilancia de 236 pisos protegidos a un clan relacionado con la delincuencia.

Una operación policial de los Mossos d'Esquadra contra el cultivo y tráfico de marihuana afloró dos hechos que eran conocidos en el barrio. Uno, la existencia de clanes que juegan al borde de la legalidad. Y dos, la concomitancia de dichos grupos con las instituciones. En este caso con el Consorci de la Mina, donde Ramos (foto inferior) figura en la comisión ejecutiva y el consejo de gobierno.

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Juan Carlos Ramos Sánchez, en su faceta de entrenador de lucha olímpica / CG

"Vaya por delante que nunca, en ningún caso, hay que hacer de la anécdota categoría. Hay muchas minas. También una con intereses criminales. Y parece que ésta tiene, por extraño que parezca, intereses similares a determinados poderes públicos o fuerzas inmobiliarias".

Quien habla es Josep Maria Monferrer, pedagogo, editor, vecino, maestro e investigador social del incónico barrio. El activista rechaza comentar la detención del lunes y los registros en ayuntamiento y Consorci de La Mina. Afirma que sólo quiere "dar un marco" para que los periodistas "no lo mezclen todo".

"Intereses"

El tablero que dibuja Montferrer es claro. "Sant Adrià de Besós es una ciudad que pasó de 1.000 vecinos a principios del siglo pasado a más de 34.000. Proliferaron siete barrios sin apenas conexión entre ellos. Es un municipio que rechaza obrar como tal", describe.

Según él, una de las siete zonas residenciales es La Mina, donde existe "una triple conjunción de intereses: política, inmobiliaria y una minoritaria: la criminal". Bajo su punto de vista, estos tres ejes "coinciden más a menudo de lo que pensamos".

"Hasta ahora el barrio albergaba todo aquello que Barcelona rechazaba. Ahora se ha vuelto pija: el precio del metro cuadrado ha crecido más un 200% en la zona de la nueva sede de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)", agrega.

"Ya no funciona así"

Dos fuentes vecinales, un líder vecinal de La Mina y otro de la zona de San Juan Bautista, al otro lado del río Besós, coinciden en otros puntos. "Según los Mossos, que tendrán que probarlo, Ramos se acercó demasiado, quizá sin quererlo, a una esfera del barrio que es minoritaria: la criminal".

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Edificio Venus del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besós (Barcelona) / CG

Los dos residentes subrayan que "no se debe confundir la parte por el todo": esta mina que vive de la droga no es todo el barrio.

"El equipo de gobierno parece olvidarlo. Esto es como las ocupaciones de pisos en el barrio de Llefià (Badalona). Una minoría condiciona todo el barrio", defiende uno de ellos.

El otro, vecino de toda la vida de la zona, le recuerda que "no se debe criminalizar" al área que linda entre la Rambla Prim de Barcelona con el río Besós. "Lo de Ramos Sánchez suena al pasado. El Consorci no trabaja en este eje: dar y repartir con una línea electoralista", asevera.

El hombre del barrio

Sea una historia del pasado o no, la detención de Ramos Sánchez --y la investigación de un cargo del Consorci-- surgió durante una investigación policial contra el tráfico de drogas. Las pesquisas permitieron a los agentes incautarse de 177 kilos de marihuana, armas y dinero.

¿Qué rol jugó el concejal allí? "Dar, supuestamente, la vigilancia de las obras de 236 pisos sociales al clan que desarticularon los Mossos d'Esquadra. Eran los apartamentos a los que debía ir la gente que vive en el edificio Venus de La Mina", describe otra fuente consultada.

Las viviendas fueron financiadas parcialmente por el Incasòl. Su gestión y concesión la pilotó el Consorci de La Mina. La vigilancia de los contratos y gestión de las escaleras recaló en la sociedad mercantil Pla Besós SA. La presunta ilegalidad se habría cometido durante su construcción.

"No sorprende que Ramos Sánchez diera, supuestamente, la vigilancia de las obras al clan criminal. Él era el hombre al que acude el barrio para todo. El pasado noviembre, cuando se produjo un apagón de varios días en La Mina, fue el concejal quien intercedió", explica un vecino.

"Un hombre al que aupó la lucha libre"

Además de su faceta como edil, Ramos Sánchez tiene otra cara muy conocida. Es cofundador del Club de Lluita Olímpica La Mina, un exitoso gimnasio del que es entrenador.

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Juan Carlos Ramos Sánchez, en su faceta de entrenador de lucha olímpica / CG

"Siempre defendió que era un hombre hecho a sí mismo. Que la lucha le permitió ascender socialmente desde un origen humilde", explica un sindicalista que ha negociado varias veces con el electo.

"Conoce el mundo del deporte, es evidente. Algunos familiares suyos han seguido esa estela. Y se reivindica como vecino del barrio. En el plano político, que es el que puedo valorar, es una persona que negocia duro. Le afean dos lunares en su gestión: que dejara morir los dos polideportivos municipales de la localidad", abunda la misma fuente.

A esta crítica se le podría sumar una causa penal, si los Mossos hallan indicios delictivos entre la documentación que ayer encontraron en el registro de la sede del Consorci, en la que se retuvo al gerente, Juan Luis Rosique.

Violencia

Fuentes municipales dan por descontadas las irregulades. De ahí el comunicado del Ayuntamiento el lunes dejando caer a Ramos.

"No sólo fueron los pisos nuevos de Venus. Las contratas del Consorci en obras callejeras también contaron con partidas de seguridad que se entregaron a clanes", explica un concejal desde el anonimato.

"En una ocasión, entré en una obra vigilada por este grupo. El guardia, que no era el contratado, por supuesto, me conminó a dejar el sitio. Al negarme, me agredió dos veces", agrega el electo.

¿Dónde están todas esas pruebas? "En los expedientes de adjudicación del organismo. Y en las escuchas de los Mossos", abunda el electo que recibió golpes de la misma banda.

"Pediremos explicaciones"

Además de las posibles responsabilidades penales que se deriven del caso, el equipo de gobierno de Joan Callau (PSC) y la oposición ya han prometido actuar. El alcalde anunció que "se reserva las medidas que resulten indicadas llegado el caso".

La oposición tendrá menos paciencia. Pedirá una comisión de investigación sobre los hechos.

"Se ha perdido la confianza en el equipo de gobierno municipal. No es de recibo que haya una concatenación de imputaciones, procedimientos judiciales y sospechas de corrupción tan seguidas contra un Ejecutivo local. Hay que depurar responsabilidades", valora a este medio Pedro Sánchez, portavoz de Ciudadanos.

Lo que no ocurrirá seguro es un cambio de gobierno en Sant Adrià. Para ello deberían confluir cinco fuerzas de signos muy distintos, algo que, según las fuentes consultadas, no ocurrirá.

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