El edificio okupado La Rimaia, situado en la Ronda Sant Pau de Barcelona / CG

El edificio okupado La Rimaia, situado en la Ronda Sant Pau de Barcelona / CG

Vida

Colau expedienta al propietario de un edificio por mantenerlo vacío desde 1993

Intenta frenar la orden de desalojo y estudia soluciones para las familias que okuparon algunos pisos

9 noviembre, 2016 13:44

Sanción por tener un edificio vacío durante décadas, en concreto desde el año 1993. El Ayuntamiento de Barcelona ha expedientado al propietario de La Rimaia, situado en el número 12 de la Ronda de Sant Pau, en el barrio del Raval, por “utilización anómala” del edificio, según informa el propio consistorio en un comunicado este miércoles.

Se trata de un expediente abierto por mantener cerrados los pisos “de forma injustificada y permanente” y que, según la Ley del Derecho a la Vivienda, se habría incumplido la función social de la propiedad al haber rechazado de manera reiterada las medidas de fomento para movilizar estos pisos hacia el alquiler.

Multa de 500.000 euros

La sanción se centra en concreto sobre cinco viviendas y las multas se inician con importes de 5.000 euros por cada una de ellas, lo que conlleva un total de 25.000 euros por toda la finca. Se pueden incoar hasta tres multas coercitivas por este concepto, la segunda de 10.000 euros por cada piso --50.000 por los cinco-- y la tercera de 15.000 euros por vivienda --75.000 en total--.

Si el expediente deriva en sanción porque la infracción no se corrige durante el procedimiento y hay reiteración, la cantidad máxima que se paga por este tipo de infracción es de 500.000 euros.

Frenar el desalojo

La finca se ha okupado de manera intermitente durante estos años y ahora habitan en ella cuatro familias, hecho que no justifica, según el ayuntamiento, que la propiedad no haya cumplido con la función social de la vivienda. La Unidad Contra la Exclusión Residencial municipal ha realizado la valoración de las familias que viven en el interior y están estudiando posibles soluciones para ellas.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que ha llevado a cabo a lo largo de este mandato “diferentes intentos de llegar a un acuerdo con la propiedad para evitar el desalojo de la finca” e insiste en que se suspenda la orden de desalojo.