La alcaldesa de Barcelona en rueda de prensa sobre la investigación del IMI / EP

La alcaldesa de Barcelona en rueda de prensa sobre la investigación del IMI / EP

Vida

Barcelona tapa una deuda de un millón de euros por uso ilegal de 'software'

El consistorio utilizó más licencias de las contratadas bajo el mandato socialista y Colau lo oculta en las cuentas anuales

21 julio, 2017 00:00

El exalcalde socialista de Barcelona Jordi Hereu firmó un contrato con la empresa Novell Spain SL (ahora Attachmate Group Spain SL) en 2008 por licencias de software para el Institut Municipal d'Informàtica (IMI). Un acuerdo que el equipo municipal de gobierno infringió, al utilizar más permisos de los realmente contratados.

El equipo de Hereu cometió esta irregularidad con el sistema operativo que se utilizaba anteriormente —ahora es Microsoft— desde ese mismo año hasta el 2013, cuando el consistorio barcelonés pasó a estar bajo el mandato del convergente Xavier Trias.

Acuerdo millonario

Novell denunció al Ayuntamiento de Barcelona a finales de noviembre de 2013, al perder el contrato a favor de Microsoft, y la cifra que reclamaba por uso fraudulento era de 3.990.595 euros, pese a que posteriormente descendió a 2.974.359,8 euros. La auditoría que entonces realizó el consistorio cifró el precio de las licencias utilizadas de forma ilegal en 890.000 euros.

Finalmente, y tras un pacto entre Novell y el consistorio barcelonés, se acabó llegando al acuerdo de pagarle a la empresa informática 1.054.899,78 euros (871.818 euros más IVA), una cantidad inferior a la que solicitaba inicialmente.

Investigación abierta

En enero de 2016, meses después de llegar a la alcaldía, Ada Colau informó sobre la puesta en marcha de una investigación acerca de la gestión financiera del IMI en 2014 y 2015. Quería comprobar si se utilizaron fondos sin la correspondiente partida presupuestaria y si se cumplió la legalidad en la contratación de personal y servicios, entre otras cuestiones.

La revisión partía de un informe de los servicios técnicos del organismo municipal en el que mencionaba la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en los ejercicios que les correspondían.

Sin embargo, nada dijo la alcaldesa sobre este expediente, ni en aquella rueda de prensa ni en ninguna otra ocasión. Ni siquiera en las cuentas anuales de 2015, ni en las del 2016. Solo lo hizo por primera vez el 29 de marzo de 2017, en una reunión del Consejo Rector ordinario del IMI, como respuesta a una pregunta formulada por el Partido Popular de Alberto Fernández.

Opacidad

Los comunes explicaron que se estaba negociando con la compañía de software, que había buena predisposición por parte de la empresa, que había un importante riesgo de perder en la vía judicial y que informarían en el Consejo Rector Extraordinario de mayo. Y lo hicieron: acordaron resolver por la vía extrajudicial el recurso contencioso administrativo con los votos a favor de todos los grupos excepto PP y ERC, que se abstuvieron.

A la abstención de voto se sumó la CUP en la comisión de Presidencia del pasado 12 de julio, fecha en la que votaron a favor los comunes, el Grupo Demócrata, Ciudadanos y el regidor no adscrito, Gerard Ardanuy. El Pleno de este viernes será definitivo para aprobar la deuda y pagarle, cuatro años después, la deuda de un millón de euros a Novell.

En declaraciones a Crónica Global, el concejal del PP en el ayuntamiento Javier Mulleras sostiene: “Nos gustaría saber si el Gobierno de Colau exigirá la misma transparencia y las mismas responsabilidades políticas y contables que ha pedido en otras irregularidades”. De momento, apunta, la única actitud de la alcaldesa ha sido la opacidad y el oscurantismo, que relaciona con el actual pacto de los comunes con los socialistas, principales ejecutores de la ilegalidad.