La fiscalía acusa al alcalde de Sant Adrià de prevaricación y tráfico de influencias

Joan Callau permitió el funcionamiento durante años de una discoteca en la fachada marítima de la población que carecía de los preceptivos permisos

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Joan Callau, el actual alcalde de Sant Adrià del Besós / CG
11.05.2017 00:00 h.

La fiscalía ha presentado un lapidario informe ante el juez de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) en el que pide la imputación del actual alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau (PSC), a quien considera presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por haber auspiciado el funcionamiento ilegal de una discoteca en la fachada marítima de la población.

Desde hace dos años, el juez que instruye el caso investiga por prevaricación a quien fuera alcalde en el momento en que se produjeron los hechos (años 2008-13), Jesús Canga. Ahora, y tras los últimos informe policiales incorporados en la causa, la fiscalía pide que se amplíe esta imputación a quien entonces fue concejal de Urbanismo y actual alcalde, Joan Callau.

También pide la imputación de quien fuera secretario municipal Josep Reverendo; del concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre; de los técnicos municipales Enric Padrós y José Leal, y de los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico que, durante esos años, funcionó sin permiso en Sant Adrià.

Duro alegato fiscal

Según el fiscal del caso, Jordi Casas Hervilla, “la instalación de la carpa (Carpes Ghoa Beach Club) en la zona conocida como Marina-Besòs precisaba de la obtención del permiso medioambiental y la de licencia urbanística y, además, precisaba del cambio de usos que pensaba desarrollarse en esa finca objeto de autos, siendo de destacar que la actividad de discoteca era incompatible con aquellos terrenos de titularidad pública”.

El fiscal sospecha que Callau pudo presionar a los técnicos municipales para que no efectuasen informes “que pudieran comprometer el negocio de la discoteca”.

Discoteca descontrolada

El fiscal hace continuas referencias en su informe al Pleno municipal de fecha 26 de mayo de 2008 en el que Callau, a preguntas de la oposición, avaló el funcionamiento de la discoteca, aunque “la falta de control de control hubiera podido suponer un riesgo para los clientes”. El ministerio público también incrimina al secretario municipal que durante aquel Pleno “no puso reparo o advertencia de legalidad alguna ante la ilegalidad que se estaba amparando en Marina-Besòs”.

El fiscal pide de nuevo la imputación de quien entonces fue alcalde de Sant Adrià, Jesús Canga, y de los directivos adjudicatarios del proyecto lúdico pertenecientes a la empresa Gimesport SA, Marina Entertaiment SL y Sant Adrià Beach 2012 SL.

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