Un sindicato 'indepe' explica a los funcionarios cómo protegerse ante la justicia

La Intersindical-CSC celebra asambleas con los empleados públicos en las que defiende la legalidad del 'procés' y anima a denunciar “presiones o amenazas por parte del Estado”

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Banderas independentistas ante el Palau de la Generalitat el día de la firma del decreto de convocatoria de la consulta del 9N / EFE

Ofensiva sindical a favor de la independencia de Cataluña. La Intersindical-CSC ha organizado una serie de reuniones informativas que arrancaron el pasado 25 de enero en la Consejería de Presidencia, y continuará hoy en el departamento de Vicepresidencia. El 8 de febrero está previsto un tercer encuentro con trabajadores en la Consejería de Salud. En esos encuentros, la plataforma sindical reparte material explicativo sobre el papel de los trabajadores públicos ante la independencia, y les proporciona un correo eléctrónico para resolver dudas y “denunciar presiones o amenazas que reciban por parte del Estado o actores contrarios al derecho a la autodeterminación”.

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Estas asambleas se enmarcan en la campaña #jomhiapunto y pretende demostrar a los funcionarios que defender el "referéndum, la democracia y la república" no implica vulnerar la ley. Lo hacen en base a un documento publicado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que se puede leer aquí. Esta entidad niega la mayor, es decir, que el procés implique un incumplimiento de la legalidad pues, según afirman, los pasos a seguir vienen avalados por leyes legítimamente aprobadas en el Parlamento catalán. Sobre las posibles consecuencias penales, la ANC intenta demostrar que un funcionario difícilmente puede ser acusado de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición o traición.

En vísperas del juicio de Artur Mas

La Intersindical-CSC fue el cuarto sindicato más votado en las elecciones en los servicios centrales de la Generalitat en febrero de 2015, duplicando sus resultados respecto a la convocatoria anterior.

Esta ofensiva independentista tiene lugar días antes de que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta, Joana Ortega; y la exconsejera de Educación, Irene Rigau, sean acusados de desobediencia por organizar la consulta independentista del 9N. Las entidades secesionistas ANC y Òmnium Cultural ha hecho un llamamiento a los funcionarios de la Generalitat a acudir a la sede del Palacio de Justicia para animar a los inculpados, previa petición de horas libres por asuntos propios.

"Hay que ser muy talibán para hacer eso", explica a Crónica Global el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Joan Escanilla, quien asegura desconocer la actividad del sindicato independentista. "Y eso que participamos en la mesa de negociación, pero obviamente los empleados públicos son libres de utilizar sus días de asuntos propios como quieran", precisa. Escanilla advierte de que la Consejería de Gobernación de la Generalitat no ha previsto ningún plan ante un posible seguimiento masivo de esa protesta independentista.

La Generalitat no sabe cuántos funcionarios librarán

En este sentido, fuentes del citado departamento cuentan a este diario que no tienen posibilidad de saber el número exacto de funcionarios que el lunes, día del juicio, no acudirán a sus puestos de trabajo, pues no están obligados a justificar el motivo de esas horas libres.

En noviembre de 2015, CSIF puso en marcha un protocolo de actuación en el sentido contrario al de la Intersindical-CSC, es decir, como vía para blindar a los funcionarios en el supuesto de que el proceso secesionista implique cumplir órdenes ilegales. Según Escanilla, cerca de 200 funcionarios se han interesado por ese protocolo a título informativo, pero no se ha llegado a activar, pues de momento no se ha dado ninguna orden que pueda comprometerles.

Ese protocolo incluye una guía con instrucciones sencillas y formularios de reclamación. Por ejemplo, se aconseja a los empleados que exijan las órdenes por escrito y, en caso de que los superiores jerárquicos insistan en su orden, dejar constancia de su rechazo.

Protocolo antisecesionista

El sindicato activó una línea de consulta jurídica y ofrece un seguro gratuito para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo. En los casos más extremos, se recomienda poner los hechos en conocimiento de la policía, la fiscalía o los órganos judiciales.

Más recientemente, el Ministerio de Hacienda invitó a sus empleados catalanes a utilizar los canales de comunicación habituales para denunciar esos casos de presión independentista.

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