Jordi Pujol Ferrusola cuando se dirigía el martes a la Audiencia Nacional acompañado de sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo / EFE

Jordi Pujol Ferrusola cuando se dirigía el martes a la Audiencia Nacional acompañado de sus abogados, Cristóbal Martell y Albert Carrillo / EFE

Política

Pujol Ferrusola quiere ir a una cárcel catalana y el fiscal se niega

El primogénito del 'expresident' permanece en los calabozos de la comisaría de la Verneda a la espera de que le asignen plaza en un centro penitenciario

26 abril, 2017 18:37

Jordi Pujol Ferrusola permanece recluido en los calabozos de la macro comisaria del cuerpo nacional de policía de la Verneda, en Barcelona, a la espera de que el juez José de la Mata decida si atiende su petición de quedarse en una cárcel catalana o la demanda en sentido contrario del fiscal que quiere que Júnior regrese a Soto del Real para cumplir la orden de prisión incondicional y comunicada.

Pujol apela a su arraigo familiar en Barcelona para solicitar su ingreso en un centro  catalana. Sin embargo, la fiscalía recuerda que Pujol no ha sido penado, sino que se encuentra en prisión preventiva a disposición del juez, y el juez está en Madrid.

Descanso antes del traslado

Una vez finalizados los registros en sus viviendas particulares, la residencia de su padre y su despacho profesional, Jordi Pujol Ferrusola ha sido trasladado por agentes de la Udef a la comisaria de la rambla de Guipúzcoa, en cuyos calabozos se le ha ofrecido comida y aseo y aguarda para el traslado.

Mucha documentación

Los efectivos de la Udef que han participado en los registros están clasificando la documentación y los soportes informáticos incautados para proceder a su trasladado a dependencias policiales en Madrid y, una vez allí, ser analizados.

El objetivos es poner en común los prestamos, facturas e inversiones que hizo o utilizó entre 2013 y 2015, con sus archivos particulares y con el rastro que estas operaciones hayan podido dejar en los soportes telemáticos del investigado.

La sospecha de la fiscalía y del juez es que muchos de esos prestamos eran ficticios y que las facturas correspondían a servicios no realizados.