El fiscal pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por el gasto del 9N

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha pedido a este órgano que investigue a los impulsores del 9N “para determinar sus responsabilidades” por el gasto de más de cinco millones de euros en esas votaciones.

La fiscalía pone el foco en el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no condenó a ninguno de ellos por malversación y prevaricación, aunque los inhabilitó entre nueve meses y dos años y les impuso sendas multas.

La denuncia de SCC y los abogados

La petición de Torres responde a una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes el 19 de mayo. Consideran que, aunque todos ellos han sido juzgados y condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al organizar la consulta, ello no les exime de su responsabilidad contable.

Las votaciones del 9N de 2014 costaron 5.129.833 euros. Por ello, las dos organizaciones les acusan de haber utilizado fondos públicos para un proceso de participación ciudadana “carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria”. El fiscal Torres recoge que se hizo este gasto para llevar a cabo un acto que era “contrario al ordenamiento jurídico”, según el TC.

Una web, material y póliza de seguros

Los gastos generados, por lo tanto, fueron destinados a un fin “radicalmente ajeno a la función pública” y fueron por ello “carentes de justificación”.

Los denunciantes individualizan los pagos irregulares efectuados con cargo al Tesoro Público: construcción de una página web institucional (14.837,6 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros), y envío de información (307.962,71 euros).

Órdenes a subordinados y entes públicos dependientes

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, “por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas”.

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, “la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional”.