Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, en la rueda de prensa tras la primera reunión de este organismo / CG

Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, en la rueda de prensa tras la primera reunión de este organismo / CG

Política

Fernández exige un "mandato imperativo" que la Constitución prohíbe

La Carta Magna no recoge la disciplina de voto en ninguno de sus artículos, sino que prioriza la el derecho de los parlamentarios a obrar según sus electores

24 octubre, 2016 08:37

Tras la decisión del PSOE de abstenerse en la segunda vuelta de la investidura a Mariano Rajoy, el presidente de la gestora del partido, Javier Fernández, aseguró ayer que había “un mandato imperativo” del comité federal en un intento de llamar a la disciplina de voto.

De esta forma, la gestora se opone a quienes en la misma reunión del comité federal de ayer pidieron "inteligencia" en la aplicación del acuerdo: permitir que haya votos negativos, puesto que con 11 de los 84 del PSOE ya habría suficiente para hacer presidente a Rajoy en la segunda votación de la investiduta. 

Disciplina no prevista

En cualquier caso, la Constitución española prioriza el derecho de los parlamentarios a obrar según sus electores: “La relación representativa que cada diputado o senador como miembros de las Cortes Generales tiene, proviene  de sus electores, pero en el ejercicio de su función representativa no cabe la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario. De ahí la prohibición del mandato imperativo”, reza la Carta Magna. 

Las normas del PSOE son, en este sentido, contradictorias con la Constitución. Eso no es ninguna novedad, y la mayoría de partidos con representación parlamentaria en Europa se rigen por reglas similares. El líder provisional del PSOE reiteró que, tras su encuentro de este martes con el jefe de Estado, pretende “persuadir” a todos los diputados de su formación alegando que el comité federal es el máximo representante y que sus ordenes no se pueden desobedecer. Dicha desobediencia podría significar una multa de hasta 600 euros, pero no sería la primera vez que se produce.