"El Estado acosa y amenaza a quienes denuncian la corrupción"

La Plataforma por la Honestidad exige una ley que proteja a quienes desvelan los delitos cometidos por cargos públicos y llama a combatir la "picaresca española" en las escuelas

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Corrupción: Caso Gürtel, Acuamed y UGT / CG

España es uno de los cuatro únicos países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción de ninguna manera. Lo dice Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, quien narra para Crónica Global el calvario que sufren esos ciudadanos: acoso, amenazas, represalias laborales, aislamiento social, depresiones…

-¿Cuándo se constituyó la Plataforma por la Honestidad (PxH)? ¿Cuántos casos habéis gestionado desde entonces?

-La PxH se constituyó en noviembre de 2015 tras la reunión mantenida en el mes de agosto de ese mismo año en Gijón. Hasta la fecha, nos han llegado un centenar de casos, los cuales están siendo gestionados por los integrantes de nuestro Buzón Denuncia, equipo formado por juristas, psicólogos y otros miembros y colaboradores de la PxH.

-Hemos conocido las denuncias de Azahara Peralta (Acuamed), Roberto Macías (cursos de formación de UGT) o Ana Garrido (Gürtel). ¿Son los más dramáticos o los que han vencido el miedo a denunciar?

-El nivel de dramatismo en todos los casos es similar, en todos se repite el mismo patrón: pérdida de sus puestos de trabajo, asfixia económica por estar inmersos en largos y costosos procesos judiciales, aislamiento social, depresiones, vejaciones y, en muchos casos, amenazas de muerte, por no haber sido respetado el anonimato del denunciante. Este último punto debe cumplirse escrupulosamente, y las identidades de estas personas no solo deben estar fuera del alcance de la ciudadanía en general, sino sobre todo de las autoridades del Estado, ya que los acosadores son siempre parte de su red clientelar (como algunos medios de comunicación que viven de las subvenciones que concede el Gobierno, por ejemplo) o, directamente, miembros de los partidos políticos que controlan las instituciones del Estado.  

-De ahí vuestra lucha por una ley de protección…

-Es fundamental que la ley Integral de protección al denunciante sea administrada por un ente realmente independiente respecto a los poderes ejecutivo y legislativo; el máximo responsable de este ente (nosotros lo llamamos "Observatorio contra la corrupción") que debería crearse no debe ser elegido ni por el Gobierno ni por el Congreso de los diputados. En nuestra propuesta de ley damos alguna idea de cómo hacerlo. La forma de regular esto último, seguramente, irá en la letra pequeña de las propuestas de algunos partidos en las próximas semanas. Estaremos muy atentos, ya que sin esto esta ley no será efectiva, no animará a nadie a denunciar. Sería como poner al zorro a cuidar de las gallinas.

-Además de dar protección a estas personas ¿canalizáis sus denuncias, colaboráis con la Justicia...?

-La PxH está a entera disposición de la Justicia. En cuanto a la canalización de las denuncias, el equipo jurídico que hemos formado recientemente se ha puesto manos a la obra, con las limitaciones que tenemos en la actualidad.

-¿Cómo os financias?

-No nos financia ningún ente, las únicas aportaciones económicas que hemos obtenido hasta la fecha son de activistas, de personas comprometidas con los derechos fundamentales de las personas y con la lucha contra la corrupción. Recientemente, hemos abierto la campaña de la Cadena X la Honestidad, en la cual todo aquel que quiera colaborar económicamente, o aportando su talento, puede hacerlo. Este es, sin duda, el mayor obstáculo que nos hemos encontrado hasta la fecha, y hacemos un llamamiento masivo a la colaboración ciudadana. Nuestras cuentas son totalmente transparentes: todas las aportaciones y los gastos que tenemos están en nuestra web, uno por uno. Somos una asociación sin ánimo de lucro y los miembros de PxH somos altruistas; cada uno tenemos nuestro medio de vida.

Todos los partidos con representación en el Congreso de los diputados excepto el PP (al cual también invitamos) nos recibieron antes de la pasada campaña electoral del 26J, y muchos de ellos realizaron comunicados oficiales apoyando nuestra propuesta de ley

-¿Qué partidos políticos apoyan vuestra iniciativa legal?

-Todos los partidos con representación en el Congreso de los diputados excepto el Partido Popular (al cual también invitamos) nos recibieron antes de la pasada campaña electoral del 26J, y muchos de ellos realizaron comunicados oficiales apoyando nuestra propuesta de ley. Esto lo hemos conseguido al ser una asociación apartidista. Buscamos los puntos verdes que nos unen a todos/as y no vetamos a nadie, porque en las filas de casi todos los partidos políticos hay personas decentes que luchan por la honestidad y los derechos humanos de las personas. Esto no es una cuestión de ideologías políticas ni de banderas, sino de ética y decencia. Ninguna asociación contra la corrupción debería vetar a nadie por su ideología política. Estamos ante un problema estructural y debe ser abordado sin perjuicios ideológicos, desde el apartidismo.

-¿En otros países existen leyes similares? ¿Cómo se protegen a los denunciantes en otros países?

-España es uno de los cuatro únicos países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción de ninguna manera. Sin embargo, ningún país tiene una regulación realmente eficiente, y en eso se está trabajando también en Bruselas, tanto con iniciativas que parten de la sociedad civil como de algunos partidos políticos. Recientemente, el grupo de los Verdes, por ejemplo, presentó en el Parlamento europeo una propuesta de directiva en este sentido. Si conseguimos que el proyecto de ley que hemos presentado a los partidos políticos de nuestro país salga adelante sin más modificaciones que las que sean técnicamente necesarias para su implementación, conseguiremos que España sea el país con el mayor nivel de protección del mundo. Debemos velar para que ningún partido de los que están inmersos en las principales tramas de corrupción consiga desvirtuar nuestra propuesta.

Debería ser esta una materia de especial relevancia en el sistema educativo; incluso dedicar una asignatura solo para enseñar simplemente a que robar no está bien

-Siempre se ha dicho que la picaresca española frena las denuncias por corrupción ¿es un mito? ¿O se denuncia poco por miedo?

-Sin duda, hay un gran trabajo por hacer en cuanto a educación en este sentido. Siempre cuento la misma anécdota: en mi tiempo de universitario en Amsterdam con la Beca Erasmus, en los metros no había tornos, es decir, los ciudadanos podrían viajar sin sacarse el billete pero no lo hacen: todo el mundo abona su billete aunque nadie les vigile. Debería ser esta una materia de especial relevancia en el sistema educativo; incluso dedicar una asignatura solo para enseñar simplemente a que robar no está bien. Sin embargo, en ningún caso esto debe servir de disculpa para los dirigentes políticos y funcionarios, ya que son precisamente ellos los que deberían dar ejemplo. Nuestros referentes sociales deben cambiar: personas como Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Roberto Macías, Azahara Peralta, Fernando Urruticoechea, Carlos Martínez o tantos otros denunciantes de corrupción deberían ser nuestros referentes.

-Supongo que ha oído hablar del oasis catalán, es decir, del pacto de silencio entre partidos y la resistencia a denunciar. ¿Está de acuerdo? ¿Cataluña es opaca en ese sentido?

-Al igual que la lucha contra la corrupción no debe entender de banderas ni de ideologías, la corrupción y las interconexiones de los corruptos son evidentes en todo el Estado y a los mas altos niveles. Todos tenemos en nuestras retinas el afecto mostrado entre importantes representantes de la Generalitat de Cataluña y del Estado español a lo largo de todos estos años (y ahí lo dejo...). Las redes clientelares en Asturias, donde vivo, son también escandalosas. Aquí todo el mundo sabía lo que estaba pasando con los fondos mineros y con los cursos de formación, por ejemplo, pero nadie hacía nada por desenmascararlo. Y qué decir de Andalucía, Valencia o Madrid. Y Cataluña desde luego no es una excepción. El pacto de silencio, la mordaza y el miedo a las represalias por denunciar irregularidades está muy extendido. El problema de la corrupción en este país es estructural, y la localización de esta pandemia es todo el territorio del Estado.

-En el Parlamento europeo y en el Parlamento catalán hay iniciativas para divulgar las agendas de los diputados, es decir, sus reuniones con lobbies o personas que hasta ahora preferían el anonimato. ¿Eso puede suponer un perjuicio para los whistleblowers o denunciantes?

-Los avances en cuanto a transparencia son fundamentales en la lucha contra la corrupción. Sin transparencia no es posible tener unas instituciones limpias. Por nuestra parte no tenemos ningún problema en que se hagan públicas nuestras reuniones con los partidos políticos, es más, las intentamos difundir lo máximo posible para seguir despertando conciencias. Si algún denunciante quiere permanecer en el anonimato puede utilizarnos a nosotros para que mantengamos esas reuniones en su nombre.

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