El día en que Convergència ‘persiguió’ a la Guardia Civil

Los dos fiscales Anticorrupción con más peso en la Fiscalía, Fernando Bermejo y José Grinda, encabezaron este viernes la comitiva judicial que visitó la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC); la de su fundación, CatDem; y el domicilio particular del ex tesorero del partido, Daniel Osácar, a los que horas antes habían entrado agentes de la Guardia Civil y del Ministerio Público especializados en la obtención de documentos encriptados o borrados de ordenadores con el objetivo de buscar información sobre las presuntas mordidas que el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, percibió en los últimos años.

Procedentes de Madrid, habían aterrizado horas antes en Barcelona para coordinar la operación Petrum II, ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) y que ha obligado a varios dirigentes de la formación nacionalista y a su abogado de cabecera, Xavier Melero (defensor de Oriol Pujol en el caso ITV), a perseguirlos por la ciudad para estar presentes en cada una de las actuaciones que han llevado a cabo.

El origen: documentos incautados en Teyco

El origen de la investigación que ha marcado el arranque de la campaña electoral del 27S se encontró en otro registro ordenado por el mismo magistrado en la sede de la constructora Teyco. La compañía está controlada por la familia Sumarroca, empresarios en la órbita de Convergència y cuyo patriarca (Carles Sumarroca Coixet) colaboró a fundar.

En los documentos incautados el pasado 23 de julio se encontraron referencias --incluso manuscritas a bolígrafo en los documentos--, que corresponderían a actuaciones ilícitas del partido para conseguir financiación. Actuaciones que denunció en sede parlamentaria el ex presidente catalán Pasqual Maragall en 2006, el famoso 3% de presuntas comisiones pagadas en las adjudicaciones de obra pública.

La empresa que está en el centro del operativo policial, Teyco, ha emitido un breve comunicado en el que niega “tajantemente haber pagado ningún tipo de comisión a cambio de un trato de favor en la concesión de contratos de obra pública”.

La familia Sumarroca, defendida por el abogado penalista Diego Artacho, señaló que todas las aportaciones que pagó durante años a CDC a través de la fundación CatDem “se realizaron de forma legal y transparente, acorde a todos los mecanismos de control y límites que establece la ley”.

Aportaciones sociales de los Sumarroca

Justificó que “fueron motivadas por la sensibilidad de la empresa hacia los temas y proyectos que estas [fundaciones vinculadas a partidos políticos] impulsaban” y las pone al mismo nivel que las múltiples aportaciones financieras que la familia realiza, a través de diversas empresas que controla, a “otras entidades como asociaciones de lucha contra la drogadicción y de fomento de la ocupación”.

Todos los contratos y documentación incautada este viernes estaba relacionada con obras públicas que Teyco se adjudicó en los últimos años. Tanto en las sedes del partido nacionalista como en los cuatro ayuntamientos en los que la Guardia Civil se personó.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona) solicitaron un expediente de 2008 relacionado con una promoción de vivienda de protección oficial; en Sant Celoni (Barcelona), la de una obra pública de 2009; en Figueres (Girona), las de un proyecto que se adjudicó que fue pagado con el Plan E, los fondos públicos invertidos por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el inicio de la crisis; y en Lloret de Mar (Girona), los informes de obras de 2009 que estarían relacionadas con la urbanización del parque urbano de Can Xardó.

Agitación política en Cataluña