Colectivos de independentistas en el mundo económico tratan sistemáticamente de cantar las bondades de una Cataluña segregada de España. Hablan de su virtual sostenibilidad, de su mejora tributaria, de la solvencia de un sistema de pensiones propio y --no se pierdan la anécdota-- uno de ellos llegó a decir, en plena crisis inmobiliaria, que esa situación se resolvería de inmediato cuando la independencia llegara y los países compraran edificios para sus cancillerías en Barcelona...

No existe ningún estudio serio sobre qué supondría la secesión. Repito, ninguno. Todo lo más que se ha producido son aproximaciones que están subordinadas a que, si algún día llegara esa situación, debería verse cómo se desarrolla. Falta todo para especular: quién asume activos y pasivos de un país, qué efectos comerciales tendría en los mercados y cuáles serían los movimientos personales y empresariales motivados por tal decisión. En suma, que resulta imposible conocer qué pasaría ni tan siquiera como ejercicio de formulación de hipótesis económicas, una modalidad a la que el Colegio de Economistas catalán se ha aficionado desde que está gobernado por el fundamentalista de su actual decano, Joan B. Casas Onteniente.

Lo que empieza a ser más fácil de contabilizar son los costes para los catalanes de los años que llevamos con la amenaza independentista sobre la mesa. Llegará un día, con las aguas más calmadas, en que podremos saber cuántas empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña, cuántas inversiones hemos perdido por temores a la inseguridad jurídica, cuáles han sido las decisiones económicas que empresas de fuera y de dentro del territorio han adoptado teniendo ese riesgo sobre sus mesas y así un largo y complejo etcétera.

Habrá un momento, quizá no demasiado lejano, en el que las aguas fluyan por sus cursos normales y entonces podamos echar la vista atrás y aprovechar la historia para hacer cuentas de los costes del procés

Finalmente, existe otro coste igual de intangible en su cálculo pero que debe ser considerado. Este medio explicaba en las últimas horas que las urgencias médicas del principal hospital, el de Vall d’Hebron, siguen colapsadas y que las listas de esperas se prolongan sin aparente solución inmediata. Pasa algo similar en el centro hospitalario de Blanes, un enclave turístico que aún recibirá más visitantes en las próximas fechas. Y, mientras, el consejero de Salud de Cataluña, Toni Comín, asiste, día sí día también, a actos a favor de la independencia. La sanitaria es una competencia transferida desde el comienzo del Estado autonómico y responsabilidad única de la administración de la Generalitat.

Que el soberanismo ha tapado sus recortes y sus déficits con la gestión pública gracias a su discurso es una evidencia. Pero que esa dejación de funciones y ese mal gobierno nos está costando a los catalanes dinero y calidad de un Estado del bienestar todavía en construcción hay muchos secesionistas que se niegan a aceptarlo. Si al final tienen que esperarse horas en un box o en un pasillo de un hospital, lo acaban atribuyendo al robo español y se quedan tan anchos.

Habrá un momento, quizá no demasiado lejano, en el que las aguas fluyan por sus cursos normales y entonces podamos echar la vista atrás y aprovechar la historia para hacer cuentas. Serán los costes verdaderos y no la entelequia nacionalista de lo que está suponiendo su escalada de los últimos años. Esperemos que haya economistas menos sectarios que Casas dispuestos a formular trabajos serios.