Madrid fue ayer el escenario de uno de esos actos que acostumbran a pasar desapercibidos para el gran público pero que tienen una importancia enorme en el debate de los grandes temas. Fue un encuentro en el que la Cámara de Comercio Británica en España intentó poner negro sobre blanco las consecuencias que la decisión de los ciudadanos del Reino Unido de abandonar la Unión Europea tendrá para todos, dentro y fuera de sus fronteras.

Entre otras cuestiones, el presidente de esta cámara de comercio bilateral, Christopher Dottie, hizo un llamamiento público para que el Brexit no suponga la imposición de trabas arancelarias, así como que las empresas españolas presentes allí mantengan sus actuales homologaciones. Esas peticiones, delante del embajador de Londres en Madrid son más que un desiderátum, son una petición firme de que avanzar por una vía que no respete lo que la historia ha edificado en las últimas décadas es nocivo para todas las partes.

Es de suponer que el representante diplomático de los británicos se limitó a tragar saliva hasta que le temblaron las piernas. Eso sucedió en cuanto el presidente de la Asociación Española de Directivos (AED), Pau Herrera, centró el tema en una dimensión menos habitual, pero mucho más trascendente. El empresario catalán avanzó en el acto que la entidad que preside enviará una carta al Gobierno de Londres y al propio embajador en España en la que le hará una serie de peticiones con un único denominador común: las personas.

Herrera (AED) puso el foco de la decisión británica en su verdadera dimensión: las personas y los intereses que las acompañan

Herrera avanzó en ese acto que hay casi 100.000 españoles que viven hoy en Reino Unido. Un número suficiente de almas cuyo estatus jurídico debe protegerse de manera categórica. Soberbio. El Ejecutivo de Londres debe garantizar la plena movilidad de esas personas, muchos de ellos directivos de empresas, y de sus familias. Perfecto. Añadió que las inversiones españolas en el país ni se restrinjan ni se perjudiquen. Lógico. Y, por último, un recordatorio: España, sus empresas, trabajadores y directivos, han llevado unos 62.000 millones de euros a aquella economía, lo que debe protegerse por todos los medios en términos de seguridad jurídica y garantías de continuidad. Indiscutible.

Hay muchas formas diplomáticas y estratégicas de abordar estos debates con tamaño componente técnico. Fue una respuesta sencilla para que pudiera ser comprendida por quienes hace siglos enviaron a la Armada Invencible y hoy amenazan veladamente intereses globales con el Brexit. Un contrapunto a la tendencia dominante en la Unión Europea a olvidarse de quiénes son los protagonistas únicos de todas las decisiones: los ciudadanos. Que haya sido un empresario, en nombre de los directivos del país, quien haya introducido esa dimensión humana en el debate es toda una señal de que el país ha evolucionado y sus líderes también. ¡Chapeau!