Tras el fiasco de la Comisión de Venecia, tampoco el Pacte Nacional pel Referèndum avala el referéndum unilateral que quiere convocar el Gobierno de JxSí. El éxito está, al parecer, en que la plataforma soberanista no critica abiertamente la iniciativa de la mayoría parlamentaria y se mantiene en un segundo plano, olvidando por unos meses la consulta pactada. La argumentación política, convenientemente apoyada por la propaganda, lo soporta casi todo, siempre que haya gentes dispuestas a comprar el mensaje. Y las hay.

El pacto nacional es un instrumento para visualizar el apoyo social y político al ejercicio del derecho a decidir, una fotografía de grupo del 70 u 80% de la población que según detectan insistentemente los sondeos quiere votar sobre el futuro de Cataluña. También, una maniobra política para establecer un punto de encuentro con los seguidores de Ada Colau y Pablo Iglesias, partidarios del derecho de autodeterminación, pero pocos amigos de ponerlo en juego en referéndums no vinculantes. Desde el primer día, la plataforma se pronunció por la consulta pactada, sin adentrarse en las dificultades para alcanzar el acuerdo ni en las limitaciones constitucionales del mismo.

Tras la reunión del martes, la situación es esta. La mesa en la que se sientan los representantes de la mayoría social partidaria del derecho a decidir insiste en el referéndum pactado. El Gobierno, alegando cumplir el mandato democrático de esta mayoría social, va a convocar un referéndum unilateral. Según dicen, no existe contradicción alguna, porque la posición del Pacte es un desiderátum, y la iniciativa del presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, una urgencia de obligado cumplimiento dada la negativa del ejecutivo del PP a negociar el referéndum o referéndum.

La mesa del pacto se intuye como el lugar para el reagrupamiento de las entidades y partidos soberanistas, tras el experimento unilateral

No habrá contradicción oficial, pero el Pacte Nacional pel Referèndum ha sido hibernado. No tendría sentido que sus dirigentes siguieran predicando la bondad del pacto cuando sus promotores institucionales anuncian la desobediencia. De hecho, el discreto balance de la recogida de firmas por el referéndum pactado podría atribuirse a la confusión creada por la coincidencia de esta iniciativa con el inicio de la campaña a favor del sí para una consulta diferente a la que se estaba promocionando. Un pequeño lío que se pretende evitar a partir de ahora.

Lo único interesante es que el pacto no ha sido enterrado. Es una idea prudente en la perspectiva del día después de lo que vaya a suceder en el encontronazo institucional programado. El encontronazo va a tener sus consecuencias en la estrategia seguida por unos y otros, aunque difícilmente vaya a solventar el fondo del contencioso. El problema va a seguir ahí, tal vez agravado, envenenado; sin embargo, salvo contumaz predilección por el error, los dos bandos deberán repensar las posiciones.

En Cuba hubo una Guerra Chiquita que precedió a la Guerra Necesaria de 1895. Salvando las distancias y descartando las guerras, no debería ser descabellado presumir que al procés exprés le suceda el Largo Procés y, en este camino, el referéndum pactado defendido por el conglomerado social y político del Pacte Nacional debería tener su protagonismo, muy probablemente con el añadido del condicional: tras la reforma constitucional. Traducido popularmente como un penoso y lento procedimiento de negociación política en el Congreso del que podría no salir nada bueno, conociendo a los protagonistas. La mesa del pacto se intuye como el lugar para el reagrupamiento de las entidades y partidos soberanistas, tras el experimento unilateral. Un lugar para redactar una nueva hoja de ruta más pragmática y realista, acorde con el alto porcentaje de soberanistas e independentistas que ya se han hecho a la idea de que esto va acabar en un pacto. Eso dicen los sondeos.