Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que el derecho a decidir, como concepto, es imbatible. Quizá por eso algún estratega de la Moncloa le ha sugerido a Mariano Rajoy que utilice el concepto. Últimamente, el presidente del Gobierno lo viene haciendo y en su conferencia de prensa de balance del año 2016 recurrió al derecho a decidir al menos en dos ocasiones.

Es un derecho a decidir de todos los españoles, naturalmente, lo que equivale a lo que antes ya se defendía con otras palabras, pero no está mal como táctica para tratar de arrebatarles a los soberanistas catalanes la exclusiva del invento. Porque de un invento se trata, como es sabido, con el fin de no hablar de lo que en realidad es, el derecho de autodeterminación, mucho más difícil de aplicar a Cataluña si nos atenemos a la definición de Naciones Unidas, que lo reserva para situaciones coloniales o de ausencia de derechos humanos y democráticos.

Rajoy utilizó el concepto para decir que en su diálogo con las autoridades catalanas “no se puede hablar de incumplir la ley ni de la unidad de España ni de la igualdad ni del derecho a decidir de todos los españoles”. Volvió a usarlo minutos después para remachar que “no se puede celebrar un referéndum para liquidar la soberanía nacional y para quitarle a la gente el derecho a decidir sobre su país”. Es decir. Para Rajoy, el ejercicio del derecho a decidir que reclaman los soberanistas catalanes priva del mismo derecho al resto de los españoles.

Para Rajoy, el ejercicio del derecho a decidir que reclaman los soberanistas catalanes priva del mismo derecho al resto de los españoles

Como pirueta lingüístico-política puede funcionar, pero todos sabemos que en el fondo del dilema se hallan los conceptos de nación y de soberanía nacional. Para los soberanistas, Cataluña es una nación y, por tanto, tiene derecho a decidir su futuro, mientras que, para Rajoy, la única nación es España y por eso el derecho a decidir corresponde a todos los españoles. O sea, que si ninguna de las dos partes cede en algún aspecto fundamental, el acuerdo es imposible.

Además de mantener las cuatro premisas innegociables --unidad de España, soberanía nacional, igualdad de todos los españoles y respeto a la ley y a los derechos fundamentales--, Rajoy ofreció diálogo en todo lo demás y habló de pensiones, educación, derechos de la mujer, presupuestos, financiación autonómica, etcétera, “lo que le importa a la gente”, según sus palabras. Pero el asunto no solo se reduce al huevo, sino que afecta también al fuero. Y en este sentido Rajoy manifestó su creencia de que una reforma de la Constitución no resolverá el problema. Esa reforma, sin embargo, podría facilitar la celebración de un referéndum no de ruptura, sino de acuerdo, si lo que se somete a votación es un pacto previo con el Estado que no pueda ser tumbado por ningún tribunal.

Mientras tanto, en el otro lado, los partidos independentistas siguen dando pasos hacia lo que Rajoy califica de “dirección contraria al sentido común”. El último ha sido el “acuerdo global” alcanzado entre Junts pel Sí (JxSí) y la CUP sobre la ley de transitoriedad jurídica, la más importante de los tres textos legales de la “desconexión”. Una ley de la que solo se sabe que establece que “Cataluña se constituye en república de derecho, democrática y social”, pero que pretende sustituir la legalidad española por una supuesta legalidad catalana con el objetivo, entre otras cuestiones, de dar cobertura al referéndum unilateral.

La ocultación del contenido de la ley, que está “bajo llave”, según el portavoz de JxSí, se justifica para impedir su impugnación por parte del Gobierno central. La intención es mantenerla en secreto, aprobarla de prisa y corriendo y convocar inmediatamente el referéndum. Es inaudito lo que el bloque independentista está dispuesto a hacer para conseguir sus propósitos.

El referéndum no se va a celebrar, pero, si se convocara, ¿qué garantías se pueden esperar con estos antecedentes? ¿Cómo puede haber igualdad de oportunidades en una eventual campaña basada en una ley de la que se desconoce su contenido, con unos medios públicos partidistas hasta el extremo o con afirmaciones como la del conseller Romeva, que asegura que no se tendría en cuenta una abstención masiva? Los impulsores del procés repiten que esta vez el referéndum será vinculante. ¿Vinculante con qué y con quién? Afortunadamente, el carácter vinculante de una consulta no depende solo de quienes la convocan, sino de quienes participan y de quienes la ratifican y la reconocen o no desde fuera.