El pasado viernes, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Su contenido es claramente de derechas y cortoplacista. La primera característica demuestra su coherencia, pues, tanto el PP como Ciudadanos, su principal apoyo político, son partidos de derechas. La segunda supone ignorar casi por completo los principales retos futuros del país, una característica bastante frecuente en la mayoría de las políticas diseñadas por los gobiernos de Rajoy.

Desde mi perspectiva, son decepcionantes, pues considero que no ayudan a redistribuir la renta (uno de nuestros principales problemas), a la mejora de las prestaciones públicas, ni permiten impulsar el crecimiento económico a medio y largo plazo. En base a la información disponible, el importe destinado a aumentar cualquier inversión, sea en I+D+i, en bienes de equipo o en infraestructuras, es calderilla.

En el presente ejercicio, los presupuestos no constituirán un instrumento que permita trasladar la bonanza macroeconómica (el incremento previsto del PIB es del 2,5%) a los ciudadanos, ya sea a través del aumento del poder adquisitivo de los empleados públicos y pensionistas o de mayores prestaciones sociales. Ambos colectivos perderán capacidad de compra, si se cumplen las previsiones de inflación del gobierno (1,5% anual), pues el incremento del salario de los primeros será del 1% y de la pensión de los segundos del 0,25%.

Los presupuestos son decepcionantes pues no ayudan a redistribuir la renta, a la mejora de las prestaciones públicas, ni permiten impulsar el crecimiento económico a medio y largo plazo

La principal finalidad de los presupuestos es combinar la reducción del déficit público pactada con Bruselas con el menor incremento de impuestos posible. Dicho compromiso implica disminuirlo desde el 4,33% al 3,1% del PIB, un ajuste de 14.250 millones de euros que puede obtenerse por la vía de la reducción de gastos o el aumento de la recaudación impositiva. Un incremento que el Gobierno aspira que sea proporcionado por los adelantos del impuesto de sociedades realizados por las grandes empresas, la subida de los que gravan el alcohol y el tabaco, y especialmente por la mejora de la economía y el aumento de la inflación.

En 2017, el Ministerio de Hacienda pronostica que la recaudación tributaria del Estado aumentará en un 7,9% y pasará desde 186.249 hasta 200.963 millones de euros. Por tanto, el incremento será de 14.714 millones y, desde la perspectiva recaudatoria, hará innecesario el establecimiento de nuevos impuestos o la subida de los tipos de algunos ya establecidos. Debido a ello, en su comparecencia ante la prensa, Montoro no aclaró si se creará o no un impuesto sobre bebidas azucaradas y alguno de carácter medioambiental.

Mi impresión es que ésta es una carta que se guarda en la manga el ministro de Hacienda. La utilizará solo si la recaudación crece bastante menos de lo previsto. Sin duda, una medida prudente, pues Montoro suele errar con frecuencia en sus predicciones de ingresos impositivos. Así, en su segunda etapa de ministro, la ha sobrevalorado en todos los años, excepto en 2012, en varios miles de millones de euros. En el último, nada más y nada menos que en 7.271 millones.

En su segunda etapa de ministro, Montoro ha sobrevalorado la recaudación tributaria prevista en todos los años, excepto en 2012, en varios miles de millones de euros

En materia de empleo público, la gran noticia es que el Gobierno no creará nuevas plazas, pero, a diferencia de años anteriores, cubrirá 67.000 que quedarán vacantes por jubilación. A ella se le añade una promesa: en los próximos tres años, 250.000 personas pasarán de interinos a funcionarios, si superan la correspondiente oposición. Ni una palabra de revertir la pérdida de puestos de trabajo públicos acontecida durante la reciente crisis.

En políticas sociales, el aspecto más destacable es la extensión del permiso de paternidad desde dos a cuatro semanas. El aumento del dinero destinado a la financiación de la ley de dependencia (100 millones de euros) o a las ayudas a las familias pobres (342 millones de euros) me parece irrisorio, pues la suma de dichos incrementos sólo supone el 0,21% de los gastos totales presupuestados.

Desde una perspectiva económica, me parece un despropósito dedicar 500 millones de euros a complementar el salario de los jóvenes (menores de 30 años) con menores ingresos. En Estados Unidos y el Reino Unido, dicho complemento únicamente ha servido para rebajar la retribución pagada por las empresas. Por tanto, ha supuesto una subvención encubierta a éstas.

Si tuviera que destacar un aspecto positivo de los presupuestos sería la creación de los cheques de formación para parados

No obstante, si tuviera que destacar un aspecto positivo de los presupuestos sería la creación de los cheques de formación para parados. Éstos harán posible que los desempleados escojan dónde realizar los cursos para mejorar su cualificación profesional. Esta iniciativa, si tiene éxito, supondrá que la formación ocupacional deja de depender de forma casi exclusiva de sindicatos y patronal, quienes han fracasado rotundamente en la reconversión profesional de los desempleados.

En resumen, el proyecto de presupuestos de 2017 tiene un marcado cariz ideológico y, a diferencia de lo que indica la propaganda gubernamental, no proporciona ni un aumento significativo del dinero destinado a la clase trabajadora ni a la modernización del país. En base a lo anterior, una duda me corree: ¿algún partido de la izquierda ayudará a aprobar estos presupuestos de forma clara o camuflada? Espero que no. No obstante, si uno de ellos lo hace, no se extrañe después del resultado electoral obtenido. Aunque muchos políticos lo creen, los ciudadanos no son tontos.