Después de las calabazas de la Comisión de Venecia, las de la ONU. Siempre acaba imponiéndose la misma razón: las convocatorias electorales, sean legislativas o referéndums, deben estar sometidas inevitablemente al Estado de derecho. Los intentos del Gobierno de Puigdemont para hallar un aval internacional de carácter institucional y relevante siempre topan con idéntico inconveniente: nadie duda de la legitimidad democrática del Estado español. Finalmente, este es el muro denominado oficialmente Constitución.
Para cualquier candidato a avalador institucional del referéndum previsto para el 1-O, saltarse el muro constitucional de un sujeto internacional reconocido es un compromiso difícil de asumir, una temeridad, y todos huyen rápidamente de tal peligro. Ante tanta evidencia, a los dirigentes del procés solo les queda una vía, intentar demostrar que el muro que tanto impresiona tiene las bases de barro, que se trata de un ídolo franquista. Bien sea por la deslegitimación del origen de la Carta Magna, redactada bajo el temor insuperable del franquismo amenazador, o por la actitud autoritaria del Gobierno del PP, los actuales gestores de la misma, adeptos a trabajar en la cloaca policial por su condición de herederos de la dictadura.
A los dirigentes del 'procés' solo les queda una vía, intentar demostrar que el muro que tanto impresiona tiene las bases de barro, que se trata de un ídolo franquista
La objetividad de estos argumentos (ciertamente existió la sombra del franquismo en el azaroso trayecto de la Transición y los vicios del Estado en su autodefensa parecen innegables) no acaba de influir en los actores internacionales, o no le conceden la fuerza política suficiente para animarlos a considerar la debilidad democrática de la legislación creada por las Cortes, refrendada por los ciudadanos cuando era exigible. Tal vez sea porque pocos estados tienen un origen tan impoluto e inmaculado como para señalar a sus colegas afeándoles el currículum o porque las instituciones internacionales no son más que el reflejo de las debilidades de sus socios, un equilibrio permanente, sujeto a la libre circulación de los sapos.
La realidad es que no vendrán los Cien Mil Hijos de San Luis, transmutados de defensores del absolutismo decimonónico en observadores telemáticos de la ONU, a defender un referéndum unilateral convocado a partir de una ley excepcional aprobada por un parlamento autonómico sin competencias para saltarse el muro. Porque este también es un hecho objetivo para cualquier constitucionalista del mundo: no hay fuero para derribar las piedras constitucionales. Hay voluntad política, mayoritaria en el Parlament, hay aspiración democrática, pero el camino elegido para materializarlo no es reconocido. Los actores internacionales no saben ver en la Constitución española al ídolo franquista que justificaría su demolición.