En el año 2014, España dejó atrás la crisis macroeconómica, al aumentar el PIB un 1,4%. En el ejercicio de 2015, el país inició una nueva etapa expansiva con un crecimiento del 3,2%. A pesar de ello, la recuperación no ha llegado a un gran número de familias. Para ellas, la crisis todavía continúa. Una muestra es el último barómetro del CIS, donde el 64,7% de los encuestados considera la situación económica general como mala o muy mala.

Dos son los principales motivos de dicha percepción: un nivel de desempleo muy elevado (el 18,91% de la población activa) y la existencia de un elevado porcentaje de trabajadores que perciben unos salarios muy bajos. Según la Agencia Tributaria, en 2015 el 34,3% de los asalariados tenía una retribución anual igual o inferior a 9.080,4 € y el 47% a 13.620,6 €. En términos mensuales, la primera cifra equivalía al salario mínimo interprofesional (648,6 euros por 14 pagas) y la segunda a 1,5 veces el SMI.

Los datos de la Agencia Tributaria deben ser matizados en base a tres principales aspectos: no consideran las retribuciones en negro, incluyen a un gran número de trabajadores a tiempo parcial y a muchos asalariados que han trabajado únicamente unos meses durante el último año. Una vez tenidos en cuenta, las cifras son menos escandalosas, pero no por ello dejan de serlo. La comparación con 2007 así lo atestigua. En dicho año, el 26,9% y el 39,9% percibían una retribución mensual promedio igual o inferior al SMI y a 1,5 veces éste, respectivamente. Por tanto, durante el período de crisis, la participación de los primeros en la distribución de las rentas salariales aumentó un 7,4% y las de los segundos un 7,1%.

A pesar de que en el pasado ejercicio los beneficios empresariales aumentaron en torno a un 20%, el SMI subió un 0,5% y la remuneración media de los asalariados un 0,6%

En la etapa de recuperación, los dos principales problemas económicos de las familias han seguido una diferente evolución. En el caso del desempleo, su reducción ha sido notable, pues en el 2015 se crearon 525.100 empleos y en el año actual dicha cifra se acercará a los 500.000. En cambio, el ritmo de subidas salariales ha sido muy insatisfactorio. A pesar de que en el pasado ejercicio los beneficios empresariales aumentaron en torno a un 20%, según datos de la memoria anual de la Agencia Tributaria, el SMI subió un 0,5% y la remuneración media de los asalariados un 0,6%. Una situación que no ha mejorado en 2016, pues el primero ha subido un poco más (un 1%), pero la segunda hasta ahora sólo lo ha hecho en el 0,1% anual.

Por tanto, con la finalidad de conseguir que la recuperación económica llegue a un mayor número de ciudadanos, y especialmente a las familias más humildes, me parece muy acertada la subida del SMI en un 8%. No es un incremento exagerado, sino uno adecuado para recuperar el 5,3% de poder adquisitivo perdido por sus perceptores durante el período 2010-15 y reducir la gran desigualdad en la distribución de la renta que existe en España (el país más desigual de Europa Occidental). Un aumento que no debe ser flor de un día, sino que debe superar significativamente a la tasa de inflación durante los próximos años. Desde mi perspectiva, el objetivo sería alcanzar los 1.000 euros en 2023, siendo necesario para conseguirlo un incremento anual del 5,95%.

Además, debido a la favorable coyuntura económica internacional y a la gran competitividad de las empresas del país, la subida decretada del SMI no genera ningún considerable perjuicio. En concreto, no llevará a la tasa de inflación subyacente por encima del 2%, no provocará la pérdida de una gran parte de la competitividad ganada durante el período de crisis ni ralentizará en una significativa medida la creación de empleo.

La subida del SMI en un 8% supone un acierto, pero no del Gobierno, sino de la oposición

Dado que dicha subida, junto con la de la retribución anual de los funcionarios (limitada por la necesidad de reducir el déficit público), marca la posición del Gobierno en materia salarial y constituye un apoyo fundamental a las posiciones de la patronal o los sindicatos en la negociación colectiva, espero que el aumento del salario promedio, acordado en los convenios colectivos para 2017, se sitúe por encima del 2%. Por tanto, comporte una ganancia de poder adquisitivo de al menos un 1% y permita que todos, empresarios y trabajadores, empiecen a beneficiarse de la recuperación macroeconómica.

En definitiva, la subida del SMI en un 8% supone un acierto. No obstante, ni mucho menos es del Gobierno, sino de la oposición. El PP lo acepta porque no le queda más remedio, pues presuntamente es una de las contrapartidas que debe ofrecer para conseguir la aprobación por parte del Congreso de los presupuestos de 2017. La pérdida de la mayoría absoluta nos trae el primer regalo de Navidad. Estoy convencido de que no será el último. Den la bienvenida a una legislatura más social. ¡Ya tocaba!