Hasta el alegato final de Artur Mas, el mejor apunte del juicio sobre la consulta del 9N lo había hecho el lunes, primer día de la vista, un tuit de la cuenta satírica de Twitter Autobús de Campanya: "En resumen: no hice nada y lo volvería a hacer", decía. Certero porque desde el inicio se vio que la estrategia de defensa del expresident y de sus conselleres, la vicepresidenta Joana Ortega y la titular de Enseñanza, Irene Rigau, era intentar demostrar que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) porque la orden de paralizar el proceso no era explícita y porque lo dejaron todo en manos de los 40.000 voluntarios.

Esta estrategia se apoderó de la vista entre otras razones porque los tres acusados solo aceptaron responder a los preguntas de sus abogados defensores, empleados a fondo en machacar con la tesis de que la prohibición carecía del requerimiento necesario y de que en un momento determinado todo el proceso quedó en manos de los voluntarios, con sus defendidos en actitud de inhibición absoluta. Como el fiscal no pudo preguntar, esperó al alegato final para decirles a los acusados que, si hubieran aceptado responderle, su primera pregunta hubiese sido: "Dígame, por favor, de esto [la orden de prohibición del TC], ¿qué es lo que no entiende?".

La actitud del "yo no he sido" fue tan evidente que provocó no solo las protestas de la CUP porque los acusados no reivindicaban la desobediencia, sino también el malestar en el propio partido de dos de los acusados, el PDECat, y en otros sectores del independentismo. Esa estrategia, marcada probablemente por los abogados para desmontar las acusaciones por cuestiones técnicas, contrastaba clamorosamente con las ansias de sacar pecho en la noche de la consulta, la del abrazo entre Mas y el diputado de la CUP David Fernández, con la asunción sin remilgos ante la prensa internacional de la paternidad de los resultados y con la euforia posterior.

Por estas razones. Mas se vio obligado a utilizar el derecho a la última palabra para lanzar un alegato político ante el peligro para el soberanismo de que el juicio se recordara más por si llegó un papel a tiempo o no, por si funcionó el correo electrónico o no, por si se desactivó la web del 9N o no, que por la trascendencia histórica que el independentismo quería darle.

Resulta ridículo como argumento jurídico exculpatorio que los abogados defensores utilicen razonamientos como que nadie hizo nada para impedir la votación, o que el presidente del Gobierno menospreció el 9N

Probablemente, el juicio del 9N es un error, sobre todo después de que la consulta fuese de hecho tolerada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero lo que resulta ridículo como argumento jurídico exculpatorio es que los abogados defensores utilicen razonamientos como que nadie hizo nada para impedir la votación, ni el TC, ni la fiscalía ni el juzgado de guardia, o que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia menospreciaron el 9N en los días previos y en la misma jornada del "proceso participativo". Eso es como afirmar que la prudencia de no reprimir retirando las urnas inhabilita para actuar después.

Pues bien, estos argumentos también formaron parte de la estrategia de la defensa, mientras el fiscal acometía cuestiones políticas como cuando afirmó que "esto no es una batalla entre demócratas y no demócratas, este juicio también es democracia", o cuando dijo que "no se puede contraponer democracia y Estado de derecho", o cuando remarcó que "no se está enjuiciando la voluntad popular". Por eso la intervención política de Mas y de las otras dos acusadas era inevitable.

De las tres, la más sustancial fue la de Mas porque la de Ortega fue un mitin de bajo tono en el que recurrió a las grandes palabras --libertad, democracia, civismo, derecho a decidir-- confundiendo siempre la parte --los votantes soberanistas-- con el todo --Cataluña o el pueblo catalán--, y la exposición de Rigau se ciñó más a sus responsabilidades como titular de Enseñanza.

Mas aseguró que él y su Govern no desobedecieron al TC, sino que "plantaron cara" al Gobierno, al que "no le gustó el éxito" del 9N, reprochó que no se juzgue al Gobierno central cuando no cumple sentencias del alto tribunal o directivas europeas, equiparando cuestiones distintas, y se hizo responsable político del "proceso participativo", de "escuchar a la gente en la calle" y en las urnas (en 2012 y 2015), de cumplir los mandatos del Parlament, de impulsar el 9N y de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. Pero no asumió la desobediencia, como exigen la CUP y parte del secesionismo, y siguió escudándose en los voluntarios.

Con el juicio visto para sentencia, la "nada" del principio y el alegato final evocan el título del libro-reportaje que la periodista Oriana Fallaci escribió sobre la guerra de Vietnam y que tituló así: Nada y así sea.