Desandar lo andado

Carlos Díaz Güell
5 min

Tacita a tacita, pasito a pasito, los españoles, vivan donde vivan, van incorporándose al proyecto de interoperabilidad de recetas electrónicas del Sistema Nacional de Salud, por el que los ciudadanos, en su condición de pacientes, puedan moverse por todo el territorio nacional y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia, independientemente del lugar en que hayan sido prescritas. Aragón ha sido la última en incorporarse a una normalidad que nunca debió romperse.

Cuando las diecisiete comunidades autónomas se hayan incorporado al proyecto, se pondrá fin a una locura colectiva que tiene su origen en la actual Constitución y que ha impedido, por ejemplo, que un paciente crónico de Andalucía pudiera adquirir su medicamento en La Rioja por el mero hecho de que la receta de su autonomía no era reconocida por la autonomía de enfrente. Un absoluto dislate que empezó a corregirse en julio de 2015 cuando los gobiernos de Canarias y Extremadura decidieron involucrarse en el proyecto estatal.

En lugar de desarrollar una única aplicación para la totalidad de los servicios sanitarios del país, cada autonomía desarrolló su propio sistema, con lo que las farmacias no podían dispensar medicamentos recetados en otra comunidad autónoma

Desde hace más de diez años, las farmacias españolas han estado operando con la receta electrónica, una herramienta que permite a los facultativos del sistema público de salud emitir y transmitir prescripciones por medios electrónicos que están conectados directamente con las farmacias. Esto ha resultado especialmente útil para los pacientes crónicos, que ya no tenían que acudir cada pocos días al médico para recoger las tradicionales recetas de papel, salvo porque, en lugar de desarrollar una única aplicación para la totalidad de los servicios sanitarios del país, cada autonomía desarrolló su propio sistema, con lo que las farmacias no podían dispensar medicamentos recetados en otra comunidad autónoma. En resumen, un elevado coste económico multiplicado por diecisiete.

En 2012, conscientes del dislate cometido, los políticos de turno decidieron emprender el camino de retorno hacia el sistema único, lo que según las estimaciones va a tener un coste que no bajará de los 600 millones de euros. A esta cifra que hay que añadir al coste --no calculado-- que supuso la puesta en marcha de los diecisiete sistemas de prescripción de recetas electrónicas, aunque las cifras han perdido todo su sentido para buena parte de la ciudadanía incapaces de entender que 600 millones de euros equivalen a 100.000.000.000 de pesetas.

Una vez más, en un aspecto concreto, el sistema autonómico nacido con la Constitución del 1978 ha demostrado su grado de ineficiencia, y sigue habiendo multitud de cuestiones que representan un gigantesco despilfarro de dinero público, cuando no de ineficaces mecanismos que van contra los intereses ciudadanos en sus diferentes áreas de actividad.

Parece llegado el momento de desnudarnos de sentimentalismos y echar números sobre lo que cuesta el sistema autonómico español y el despilfarro que supone el mantenimiento de este Estado de las autonomías

Hace poco, el BOE publicaba la adhesión de Galicia al convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas que lo deseen para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para su ámbito territorial, con lo que se trata de poner fin a otro despropósito repudiado por decenas de miles de practicantes de la caza y de la pesca en España.

Parece llegado el momento de desnudarnos de sentimentalismos y echar números sobre lo que cuesta el sistema autonómico español y el despilfarro que supone el mantenimiento de este Estado de las autonomías que, a lo largo de los últimos cuarenta años, ha generado una pesada estructura que comporta, inevitablemente, un colosal gasto y no todo el nivel de eficacia que hubiera sido deseable.

Embridar el gasto es importante, pero mejor que embridarlo es racionalizarlo. Porque está demostrado que no es cierta aquella afirmación de la que fuera ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato, de que "el dinero público no es de nadie".

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.

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