La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolviendo la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la conformidad de la legislación española en el tratamiento de la indemnización por la extinción del contrato de los trabajadores temporales, supone un serio varapalo a los sindicatos españoles. Estos han permanecido insensibles durante décadas a este tipo de asuntos, ya que desde siempre han mostrado sin tapujo alguno su falta de interés, dedicación y preocupación por los trabajadores que no tienen contrato de carácter indefinido como son los interinos o los temporales, lo que les ha llevado a un deterioro de su nivel de afiliación. Esta se sitúa en poco más de los 2,3 millones, sobre un total de 15,3 de trabajadores activos, pese a que los sindicatos, en nuestro sistema constitucional, representan no sólo a sus afiliados sino al conjunto de los trabajadores.

La denuncia tuvo que venir de Ana de Diego Porras, trabajadora interina contratada por el Ministerio de Defensa para cubrir el puesto de uno de los cerca de 9.000 liberados sindicales y que fue despedida sin indemnización tras nueve años de trabajo en dicho ministerio. Ella y solo ella ha sido la responsable que ha llevado al Tribunal de Luxemburgo a declarar ilegal que los contratos del personal interino, a diferencia de lo que ocurre con el resto de contratos temporales, no tengan indemnización, añadiendo, a modo de propina, que los trabajadores temporales reciben un trato discriminatorio respecto de los indefinidos, pese a realizar una misma labor.

La implantación del contrato único --hacia donde conduce inexorablemente la sentencia del TJUE-- podría suponer un drama para el actual sistema productivo español

Pese a la situación desairada en la que han quedado los sindicatos españoles, cuya actividad se ha centrado desde siempre en la negociación colectiva y en la formación, que es de donde procede buena parte de sus ingresos, tanto UGT como CCOO no han desperdiciado la oportunidad para salir a los medios en un intento de apuntarse el tanto, aunque puede, finalmente, que ese tanto impropio dé al traste con el actual mercado y sistema de relaciones laborales español, al conducir inexorablemente a la implantación del contrato único que, a decir de algunos expertos en asuntos laborales, podría suponer un drama para el actual sistema productivo español.

El número de trabajadores que puede verse afectado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es muy elevado, ya que podría llegar a afectar a casi cuatro millones de contratados temporales existentes en España, 300.000 de los cuales son trabajadores interinos en la Administración española.

En opinión de algún experto en Derecho del Trabajo, el contrato único puede ser devastador para un mercado laboral como el español, en el que hay diferencias causales justificadas como puede ser, entre otros, un sector turístico con un gran peso en el PIB, para el que los contratos temporales son considerados imprescindibles para la sostenibilidad económica del sector.

Mientras tanto y pese a leyes de transparencia y otras normas regulatorias relacionadas con el Tribunal de Cuentas, el origen de la financiación de los sindicatos españoles sigue siendo uno de los secretos mejor guardados y por ello resulta de especial interés el esclarecimiento de asuntos como los ERE's y los cursos de formación en Andalucía que actualmente están bajo investigación judicial.