Santos Juliá: "En Cataluña ha habido una quiebra de las pertenencias compartidas"

"No hay pertenencias compartidas". Santos Juliá (Ferrol, 1940), historiador, articulista y, por qué no, también divulgador y agitador de debates continuo, habla alto y claro, pero con tiento, porque no quiere perder nunca el matiz. En su despacho en la facultad de Políticas de la UNED en Madrid, rodeado de libros y papeles, Santos Juliá muestra su preocupación por lo que ocurre en Cataluña. Asegura que lo que ha sucedido es que “ha habido una quiebra interna profunda” porque se han dejado de lado “las identidades compartidas, en las que no se negaba ni ser catalán ni ser español”, y que superar eso debería ser la gran prioridad para poder afrontar una reforma constitucional que lograra los grandes consensos que sí se alcanzaron en 1978.

El historiador acaba de publicar el libro Transición (Galaxia Gutenberg) con el objetivo de demostrar la continuidad histórica en España de la idea del acuerdo entre vencedores y vencidos. La aporta Manuel Azaña en 1937, ya avanzada la Guerra Civil, sigue con el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que culmina en el llamado Contubernio de Múnich, con un verdadero acercamiento entre democristianos y falangistas con republicanos en el exilio. Juliá, en una entrevista con Crónica Global, señala que la voluntad “siempre fue la misma, aunque con algunas diferencias”, hasta llegar a la transición política con las primeras elecciones democráticas en 1977.

Y es que, en aquel momento, se pretendía que las potencias europeas y Estados Unidos forzaran a Franco a buscar una transición. El nuevo intento que llega después es de los comunistas y de la nueva generación, la que protagoniza las revueltas universitarias en 1956, --con algunos padres de futuros dirigentes del PP, como Gabriel Elorriaga-- que ya no piden esa intervención de los países europeos sino que “ponen en marcha un proceso de conquista de espacios de libertad, dentro de las instituciones del régimen”.

La izquierda se deja apropiar la transición

El denominador común es que se reclama un gobierno de concentración, un gobierno de todos. Llega la Transición, como la conocemos ahora, la que culmina con la Constitución de 1978. Y la diferencia es que “no se alcanza ese gobierno de concentración, sino un gobierno que viene del franquismo, aunque la UCD ocuparía ese papel, al concentrar personalidades muy diversas”. El biógrafo de Azaña señala que “sólo 18 diputados del grupo parlamentario de la UCD habían sido procuradores en las Cortes franquistas”, aunque añade que muchos otros habían sido directores generales o habían ocupado cargos durante el franquismo.

El hecho es que Juliá rechaza por completo que se deba hablar del “régimen del 78”, y que esa expresión la ha hecho suya en los últimos años los herederos del PCE, de “forma incomprensible”, porque la transición debería formar parte del “haber” del propio PCE y de toda la izquierda española.

“Lo que ha ocurrido es que la Transición se la ha apropiado la derecha, porque la izquierda la ha abandonado, cuando la derecha, en aquel momento, tuvo muchos problemas para aceptar los cambios que se iban produciendo”. Y se indigna cuando se le pide por la posición de Podemos, que ha hecho suya esa expresión del "régimen del 78". “Íñigo Errejón ha llegado a decir que no es 'políticamente productivo' criticar la transición, porque ha visto que el conjunto de españoles siente orgullo de lo que se hizo”, y ahora afirma que fue un éxito, salvo la cuestión territorial, sólo un año después de afirmar lo contrario”.

Rechazo a la transición como pacto del olvido

Ni es régimen del 78, según Juliá, ni se debe decir que fue una apuesta por el olvido y el silencio. “Todo eso no es verdad, se debatió intensamente, durante todo el proceso de elaboración de la Constitución, y después, con publicaciones, congresos, discusiones académicas, simposios... todo ese debate ha estado muy vivo, nunca se ha dejado de lado”.

Sin embargo, Juliá sí ve una decisión que explica, en parte, esa crítica a la transición. Considera que fue Rodríguez Zapatero, al plantear la ley de memoria histórica, “cuando la cuestión de las fosas se pudo resolver con el nombramiento de un juez especial, y medios para identificar a los muertos de todos los familiares que lo pidieran”, quien establece la idea de que la transición no resolvió las cosas. “Al introducir esa ley, se dio pie a una conexión, a la idea de que había una deuda, del reconocimiento de que los vencidos estaban pendientes de una reparación, de que se podía deslegitimar la Transición”.

El error de las alianzas de Zapatero

¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo Cataluña acaba condicionando ahora toda la política española, a punto de unas elecciones que pueden ser cruciales? Santos Juliá asume la pregunta, de nuevo, con la necesaria reflexión sobre el periodo histórico. Asegura que la necesidad de finalizar el libro le ha dejado insatisfecho sobre la parte final, en la que analiza los hechos de septiembre en el Parlamento catalán, y que la reelaborará en breve.

Pero constata que el problema arranca con el socialista Rodríguez Zapatero y el Estatut. “El inicio de la alianza de los socialistas con la izquierda nacionalista, que rompe con la tradicional alianza con el catalanismo conservador lleva a un hecho, y es que en el momento en el que el PSOE pierde la iniciativa, sus aliados entienden que deben abandonar el catalanismo para ir hacia otra cosa, que acaba transformándose en el independentismo. Ahora es fácil decirlo, porque todo podría haber sido diferente, pero haber facilitado aquella alianza, tal y como han ocurrido las cosas, fue un error, porque dio pie a la ruptura”. Juliá se refiere al Pacto del Tinell, en Cataluña, que orilló al PP, y que se replicó en Madrid.

Aprovechar la debilidad del Estado español

¿Y el PP? ¿Se le puede acusar de partido del "no", siempre a la defensiva, o es la izquierda la que siempre busca su reacción, condicionándole con proyectos para erosionarle políticamente? Juliá responde, apostando, de nuevo, por evitar simplificaciones. “Es una conjunción de las dos cosas. Hay que tener en cuenta lo que sucede en 2004. El PP cree que ganará las elecciones y las pierde. Y la posición que toma es que se trata de algo coyuntural, y que puede cambiar la situación si mantiene firme las esencias españolas. Cree que puede montar una contraofensiva contra Zapatero y no le facilita nada al PSOE para iniciar una reforma de la Constitución, cuando era el momento necesario para ello, tras la petición del PSOE de un informe al Consejo de Estado”.

Esa clave es para Juliá determinante. Entiende que el nuevo Estatut, como defendía el PP, “era una reforma de la Constitución por la puerta de atrás”.

Ante eso, la política catalana muta, se transforma. “Lo que ha sucedido en Cataluña ahora es una gran deslealtad constitucional, una deslealtad federal”, que parte, a su juicio, de la voluntad de los políticos nacionalistas de “aprovecharse, en 2015, de la debilidad del Estado español”.  

Reformar todo el título VIII de la Constitución

“Es una anomalía que haya dejado de existir el catalanismo conservador”, afirma el historiador, que se centra en el meollo, a su juicio, de lo que ha ocurrido en Cataluña. “Todo pasaría por reconstruir una coalición con partidos de identidades duales, de pertenencias compartidas, que no nieguen ni ser catalán ni ser español”. Para Juliá, cuando se le pide que profundice en esa posible solución, señala: “Esas identidades compartidas abrían un abanico muy amplio, con una izquierda española que no renuncia al catalanismo, y con catalanes que no niegan que forman parte de un Estado común. Y eso se ha roto. Lo que ha sucedido es que se ha producido una ruptura. No es un problema de un partido contra otro. Lo que indica es una quiebra interna profunda, una quiebra profunda de algo secular”.

¿Solución a corto plazo? “Creo que la solución pasaría por una coalición entre el partido socialista con un catalanismo que no tuviera en su programa la construcción de un Estado nuevo”.

¿Y cómo se logra eso, a pocos días de unas elecciones trascendentes? Ahí Juliá se anima, toma carrerilla y sonríe a carcajadas cuando recuerda una expresión de Azaña, una de sus grandes especialidades. “Es urgente y necesaria una reforma de la Constitución, pero muy bien discutida, con la participación de todos, de la academia, de asociaciones, y, por supuesto, de las comunidades autónomas, que ahora sí --y no en 1978, donde sólo se preparó su construcción-- son poderes del Estado. Y si es preciso, que se incluyan cláusulas específicas, de posiciones diferenciales. Todo el título VIII --el que hace referencia al poder territorial-- debe ser reformado de principio a fin”.

Eso sí, con las definiciones claras, como decía Azaña: “Esto le da la razón a Azaña, la necesidad de precisar, cuando durante la discusión del concepto de Estado integral, incluido en la Constitución republicana, aseguraba que él sabía lo que era un Estado federal, pero no un estado ‘tendencialmente federal’, porque lo que no podía comprender es que algo tienda a ser algo y no llegue a serlo”.