En los últimos años, el término sociedad civil ha hecho fortuna en la prensa catalana. En la mayoría de los artículos, dicho concepto hace referencia a académicos, empresarios, directivos, gestores de colegios profesionales o asociaciones de diversa tipología que representan a los ciudadanos, sin que ellos los hayan elegido. Por lo general, sus actuaciones tienen como objetivo apoyar las del Gobierno de la Generalitat, del municipal o los intereses ocultos de una gran empresa, con la finalidad de obtener un beneficio personal en el presente o futuro. Las prioridades o intereses de los ciudadanos, a los que teóricamente representan, no suelen estar entre sus objetivos.

Un magnífico ejemplo de su modus operandi fue la reunión del 22 de marzo de 2007 en el IESE para reclamar el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat a la Generalitat. Su verdadero objetivo, no era el interés público, sino uno de carácter privado y oculto: la sustitución de AENA presumiblemente por Abertis. En la actualidad, el primero sigue siendo su gestor y tanto las compañías que operan en él como el número de pasajeros que lo utilizan han crecido sustancialmente durante los últimos años. Entre 2007 y 2016, la última variable lo hizo en un 34,22%, una cifra que contrasta con la caída del 3,24% de Barajas.

Organizar actos para reclamar menos recortes en sanidad y educación pone en peligro la subvención o prebenda, presente o futura

Curiosamente, jamás un acto similar fue realizado para reclamar menos recortes en sanidad y educación pública, dos de las grandes prioridades de los ciudadanos. Nunca se convocó porque dicha iniciativa hubiera disgustado profundamente al Gobierno de la Generalitat. Por tanto, quien participara en ella ponía en peligro la subvención o prebenda, presente o futura. Debido a ello, nunca me he sentido parte de dicha sociedad ni representado por ella.

No obstante, existe la posibilidad de otra sociedad civil: la buena. Así lo ha demostrado el Gremio de Restauració de Barcelona con la denominada comisión de las terrazas. Ésta nació para lograr un cambio o reinterpretación de la normativa actual, absurdamente restrictiva. Sus objetivos son dos: uno de carácter empresarial y otro de interés público. Ambos muy claros y transparentes. El primero es una mayor utilización de las terrazas por parte de bares y restaurantes para mejorar sus ingresos y ayudar a su viabilidad como negocio. El segundo pretende facilitar el uso y disfrute de los ciudadanos de una de las tradicionales formas de ocio de la población mediterránea: tomar una bebida, una tapa, una comida o una cena al aire libre.

La normativa actual fue creada por el Gobierno municipal de Xavier Trias y aplicada por el de Ada Colau. En relación a las terrazas, el primero hizo todo lo contrario de lo que Mas decía que haría su partido. En lugar de comportarse business-friendly, fue very unfriendly. Un ejemplo de ello fue su actuación en la Avenida Diagonal. Amplió las aceras en su tramo más concurrido y, para evitar que nadie dijera que lo hacía para favorecer el negocio de bares y restaurantes, ideó una normativa que restringía su establecimiento en mayor medida que en la mayor parte de las calles de la ciudad. En otras palabras, aceras más anchas y terrazas más pequeñas. Sin duda, un contrasentido.

El Gremi de Restauració de Barcelona ha demostrado con su reciente actuación que un lobby puede defender a la vez sus intereses y los de los ciudadanos

La segunda quiere impedir su proliferación principalmente por tres motivos: son utilizadas preferentemente por los turistas, invaden el espacio público para realizar un uso privatizo del mismo y constituyen un buen negocio para los restauradores.

El primer motivo es una gran falacia. Así lo ha demostrado la Universidad de Barcelona en un reciente estudio, pues el 82,9% de sus usuarios son residentes en la ciudad. En relación al segundo, el equipo municipal actual tiene razón en que las terrazas utilizan el espacio público. Entre otros, también lo hacen los autobuses o los taxis. No obstante, de la misma manera que éstos, aquellas no son usadas por sus propietarios para su disfrute exclusivo, sino que ofrecen un servicio muy apreciado por los ciudadanos. Si no fuera así, no existirían, pues no serían rentables para bares y restaurantes. El tercero es un argumento puramente ideológico. Al ser la alcaldesa partidaria del decrecimiento económico, es contraria a casi todo aquello que pueda ser un buen negocio, ya sea un hotel Four Seasons, una pista de esquí indoor en la Zona Franca o las terrazas.

En definitiva, mis sinceras felicitaciones al Gremi de Restauració de Barcelona. Ha demostrado con su reciente actuación que un lobby puede defender a la vez sus intereses y los de los ciudadanos. Ha hecho de sociedad civil, la buena, y ha enseñado a muchos otros el camino a seguir.