3. Un rey de reinos

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Felipe II
08.04.2017 00:34 h.

El yugo y las flechas de los Reyes Católicos perduraron en el escudo de armas de la corona española hasta Felipe VI. El nuevo rey eliminó la simbología de los Católicos al estrenar su reinado, sin embargo, dicha actualización heráldica no ha sido suficiente para enterrar la coletilla “desde los tiempos de los Reyes Católicos”. Ésta sigue siendo un recurso habitual de muchos políticos, analistas y politólogos para glosar la unidad de España como un hecho indiscutible; parecería que la experiencia de la unión personal y dinástica de aquellos soberanos les ofrece un argumento sólido a sus afirmaciones. No es el caso de la mayoría de historiadores profesionales, mucho más al tanto del verdadero sentido de aquel reinado compartido. 

La supuesta herencia unitaria del matrimonio más popular de la historia española está muy enraizada en el imaginario colectivo. Para que no decaiga, periódicamente se refuerza la idea, sea con ocasión de los actos conmemorativos de los 500 años de la boda de los primos Trastámara o con una propuesta inconcreta de Mariano Rajoy en campaña electoral para la creación de un Museo Nacional donde recrear la continuidad del proyecto político inaugurado en el siglo XV y así poder seguir manteniendo la atrevida afirmación de ser la “nación más antigua de Europa”. A pesar de las lecturas posteriores, interesadas en sostener la tradición, cuando Fernando de Aragón falleció, unos cuantos años después de Isabel, los reinos medievales seguían siendo perfectamente perceptibles en aquella España plural, como lo habían sido durante su reinado. Lo que sí hicieron sus católicas majestades fue completar el control militar de la península, merced a las victorias decisivas de sus ejércitos frente a las huestes de moros y cristianos. 

Aquella etapa de renacimiento del espíritu godo incentivó lo que Álvarez Junco considera un giro substancial en la historiografía catalana, hasta mediados del siglo XV centrada unánimemente en el origen franco de los condados catalanes, ignorando ostentosamente la influencia de los visigodos, tal cual hacían también sus contemporáneos navarros y vascos. Joan Margarit, obispo de Girona, introdujo la presencia de los godos en su crónica sobre los orígenes de Cataluña, sosteniendo que el gentilicio “catalanes” provenía de gothoalanos, que Barcelona había sido la primera capital goda, antes que Toledo, y que las tierras del Rosselló, al otro lado de los Pirineos, controladas por los condes catalanes, estaban dentro de los límites de España.

Cuando Fernando de Aragón falleció, unos cuantos años después de Isabel, los reinos medievales seguían siendo perfectamente perceptibles en aquella España plural, como lo habían sido durante su reinado

El geógrafo Francesc Nadal explica que serían los franceses, cien años más adelante, con ocasión de la firma del Tratado de los Pirineos entre Felipe IV de Castilla y III de Aragón con Luis XIV de Francia, quienes apelaron por primera vez al concepto de frontera natural de la cordillera en su propósito de reconstruir la Galia y como argumento complementario para la reclamación del Rosselló. Hasta aquel instante, los Pirineos no habían sido contemplados como una barrera física sino todo lo contrario, como nexo de relación entre las gentes de las dos laderas.

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En Navarra, un reino también a caballo de los Pirineos, asediado constantemente en su perímetro meridional por los dos poderosos reinos peninsulares, no hubo ningún giro historiográfico sino una anexión militar en toda regla por parte de Castilla. Una operación muy parecida a la desarrollada unas décadas antes en las islas Canarias, en este caso, una plataforma territorial indispensable para la exploración y control del Atlántico. Las islas fueron incorporadas a la corona castellana en 1496, tras casi cien años de guerras para someter a los aborígenes, descendientes de los bereberes fugitivos de la presencia de Roma en el norte de África, hacía más de mil años. Los pobladores fueron totalmente aniquilados en algunas islas, según se lee en la Síntesis de Historia Canaria de Antonio Pérez.

José María Jimeno Jurio, etnógrafo e historiador navarro, explicaba la secuencia de la anexión del reino de Navarra de la siguiente manera. Primero, los Reyes Católicos firmaron diversos tratados con los reyes navarros para asegurarse que las tropas francesas no pudieran pasar por aquellos territorios; después, coincidiendo prácticamente con la caída de Granada, convirtieron el antiguo reino de Pamplona en un protectorado castellano, aprovechando las secuelas de una larga guerra sucesoria iniciada con la muerte de Carlos el Noble y finalizada con la proclamación de Juan de Albret como rey de Navarra. Más adelante, habiendo ya fallecido Isabel y actuando Fernando como regente de Castilla, éste, aduciendo la negativa de sus protegidos navarros a sumarse a la Santa Liga creada con Roma para expulsar a las tropas francesas del Milanesado, los declaró, con la ayuda del Papa, cismáticos y merecedores de perder la corona y el reino. Y así lo hizo, como mínimo se quedó con la corona.

Fernando incorporó la Alta Navarra a Castilla y no a Aragón, dado que el esfuerzo militar había sido costeado por los castellanos. El rey Albret y sus sucesores pudieron seguir llamándose Rex Navarrae, instalados en su corte de Pau, capital de los mil kilómetros cuadrados de los territorios de la Baja Navarra, en la vertiente norte de los Pirineos. Setenta años después, Enrique III de Navarra y copríncipe de Andorra por parte de madre, accedió a la corona de Francia, como Enrique IV, primer rey Borbón. Hasta la Revolución Francesa, todos sus sucesores ostentaron el título de Rey de Francia y de Navarra. Mientras tanto, la Navarra meridional, siguió siendo, según la descripción de Jimeno Jurio “un reino independiente, manteniendo su órgano legislativo (Cortes Generales), tribunales de justicia (Corte y Consejo Real), administración, moneda, aduanas y fronteras, aun estando bajo control de los reyes de Castilla y Aragón”.

Los descendientes de Isabel y Fernando, emparentados con la familia Habsburgo, no se obsesionaron en demasía por la unidad política de sus reinos. Tenían ciertamente interés por acrecentar su poder interior, pero su ambición era mucho mayor: fundar de una nueva dinastía de proyección mundial, sin raíces godas ni romanas, sin otra legitimación que no pudiera rastrearse en la mismísima Biblia. Con estas pretensiones, se entiende que en el Escorial el protagonismo corresponda a David y Salomón y no los reyes visigodos. 

Los descendientes de Isabel y Fernando, emparentados con la familia Habsburgo, no se obsesionaron en demasía por la unidad política de sus reinos

Los godos no podían competir de ninguna manera con la “santa y bendita línea masculina que desde Adán acaba en Felipe II”, descubierta por Esteban de Garibay, escritor vasco de finales del siglo XVI, autor de un compendio de todos los reyes del “haz de reinos” de España. Felipe II, en propiedad el primer Rey de España, creía, por su parte, que todo había comenzado con su padre Carlos I.

Durante siglos, los partidarios del determinismo unitario equipararon el período de los Habsburgo a una lastimosa pérdida de tiempo en la larga marcha inaugurada por los reyes godos. El impulso a la unificación de los reinos medievales, que le hubiera ahorrado a la Casa de Austria el calificativo de paréntesis histórico, fue aparcado por su predilección por la política internacional, mucho más acorde con las pretensiones divinas de la dinastía.

La extraordinaria proyección exterior alcanzada por los Carlos y Felipe fue posible gracias al legado imperial en el centro de Europa, a los dominios de la Corona de Aragón en el Mediterráneo y a la potencialidad de los territorios americanos, explotados en exclusiva por la Corona de Castilla. Esta dinastía dejó las cosas de los reinos interiores más o menos como estaban, como las habían establecido los Reyes Católicos. Se limitaron a derrotar a sangre y fuego las diversas revueltas declaradas: la los Comuneros de Castilla, las Germanies de València y Mallorca, las Alteraciones de Aragón y la Guerra dels Segadors contra la Unión de Armas promovida por el conde-duque de Olivares.

El doctor en geografía Jesús Burgueño expone, en un estudio titulado De los reinos de España a la España de las provincias, una dialéctica aún sin ganadores, una panorámica de la situación política e institucional durante la etapa de la Casa de Austria, a partir de la interpretación del mapa La España de Felipe II, fechado en 1590, “justo cuando los mapas comienzan a ser mapas”, precisa su colega Francesc Nadal. Dice Burgueño: “había reinos con instituciones, fiscalidad y leyes propias, Corona de Aragón, Navarra y todavía Portugal, y tres provincias adscritas a la Corona de Castilla que gozaban del privilegio de los fueros: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa”. En dicho mapa, figuran los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla “sin ninguna especificidad jurídica”, como el resto de demarcaciones castellanas. El antiguo reino de Galicia, “prácticamente vacío de contenido, excepto la Audiencia judicial”, no tenía siquiera presencia en las Cortes de Castilla, en las que estaba representado por la ciudad de Zamora; de igual manera, la representación de Asturias, origen de la restauración gótico-cristiana, recaía en la ciudad de León.

Las dudas sobre los resultados institucionales de la acción de Isabel y Fernando seguían muy vivas a la muerte de Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, fallecido sin dejar herederos. La disyuntiva sobre el legado de los Reyes Católicos es planteada en forma de disyuntiva por Álvarez Junco: ¿había sido una unión de reinos o una soldadura monárquica? ¿Era España una yuxtaposición de reinos, como había dicho Esteban de Garibay, o una coordinación de coronas, en expresión de su contemporáneo, el jesuita e historiador Juan de Mariana?

La incertidumbre sobre lo que iba a ser España se despejaría con el acceso a la corona española de la dinastía de los Borbón

La incertidumbre sobre lo que iba a ser España se despejaría con el acceso a la corona española de la dinastía de los Borbón como consecuencia del desenlace de una guerra internacional mantenida con la familia de los Habsburgo, reproducida en el interior de la península por la alineación del reino-condado de Aragón y Cataluña con la alianza de la Casa de Austria. Los Borbón lucían la corona de Francia desde hacía más de un siglo, eran los representantes del espíritu centralizador imperante en la Ilustración y supieron gestionar la aparición de la nación como sujeto político en beneficio de sus proyectos dinásticos. Antes de poder completar todos estos planes, al ganar el trono, los nuevos monarcas ostentaban todavía los títulos y las numeraciones diferenciadas según los diferentes reinos y debieron jurar las respectivas constituciones.

Felipe V, por Jean Ranc

Felipe V, por Jean Ranc

Felipe V de Castilla y IV de Aragón fue el último rey de la Corona de Aragón, oficialmente siempre identificada como Casa Real de Aragón y Condal de Barcelona, tras seis siglos de existencia. Su victoria militar supuso la desaparición de la Diputació, la casa de la moneda, los aranceles, las constituciones y la prohibición de la lengua catalana. Este reino homologable a Portugal pasó de la noche a la mañana a ser tratado como una región histórica, como todos los viejos reinos que ya no lo eran; a excepción de Navarra, donde se mantuvieron privilegios y fronteras en pago a su fidelidad a la Casa de los Borbón, actitud muy lógica atendiendo a los lazos familiares de los monarcas navarros del otro lado de los Pirineos con la corona francesa. También las tres provincias vascas mantuvieron sus peculiaridades fiscales hasta la llegada del estado liberal en el siglo XIX.

Del rey de reinos se pasó al rey de un Reino Único como resultado de un violento cambio dinástico. “La unificación legislativa derivada de la pérdida de los fueros de los reinos de Aragón permite comenzar a hablar propiamente del Reino de España, arrinconando la compleja e integradora Corona hispánica, al igual que la plural referencia a las Españas”, subraya Burgueño. La cartografía utilizada hasta Felipe II quedó obsoleta, siendo sustituida por el famoso mapa de las tres Españas, la foral, la uniforme y la incorporada o asimilada, en servicio oficial hasta la instauración del régimen liberal. Los reinos asimilados pasaron a engrosar la nomenclatura regional, basada durante muchos años en la denominación de los antiguos territorios, sobreviviendo así en el recuerdo cartográfico. 

“Las descripciones geográficas y los mapas generales de España producidos en la Edad Moderna resultaron decisivos para difundir y consagrar la representación de espacios que no solo aludían a reinos y principados antiguos, sino también a otro tipo de regiones, sin entidad política análoga, pero caracterizados de forma unitaria como Andalucía, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Asturias…”, afirma Jacobo García Álvarez, profesor de Geografía Humana y el gran experto en el proceso de configuración del Estado de las Autonomías.

Los Borbones serían la segunda reencarnación de los reyes godos o los herederos reales de los Reyes Católicos, según la cronología impuesta por los defensores del goticismo como hilo conductor de la historia de la España Única. En todo caso, parece que la auténtica y supuestamente la definitiva. Lo indiscutible es que supieron gestionar la aplicación en sus reinos de la corriente centralizadora mayoritaria en Europa, impulsada por los gobiernos ilustrados y absolutistas del momento; demostraron ser auténticos gobernantes de su tiempo al poner en marcha una potente maquinaria de creación histórica al servicio de su programa político.

Supieron gestionar la aplicación en sus reinos de la corriente centralizadora mayoritaria en Europa

El doctor Gregorio Marañón describiría, dos siglos después, la creencia dominante en aquel período: “todo regionalista es fundamentalmente un reaccionario; y aunque en otros aspectos no lo parezca, la política centralista es siempre, teóricamente, avanzada”. Lo dijo aprovechando su biografía de Antonio Pérez, un secretario de Felipe II acusado de asesinato que halló refugio en Zaragoza, bajo la protección del Justicia de Aragón, quien, alegando los fueros, impidió al rey apresar al fugitivo en tierras aragonesas. Las fuerzas reales, ignorando la ley, cruzaron la frontera del reino, provocando la revuelta popular conocida como las Alteraciones, cuyas causas sociales e institucionales respondían, en última instancia, al malestar existente con la corona española en aquella época.

Aquella seguridad expresada por el doctor Marañón respecto de la supuesta superioridad del centralismo sobre el regionalismo, interpretada por extensión como una ventaja indiscutible de la nación única sobre la pluralidad, comenzó a fraguarse en la práctica a los pocos años de la subida al trono de Felipe V. La creación de la Real Academia de la Historia, en 1738, respondió exactamente a este propósito. Pedro Rodríguez, fiscal del Consejo de Castilla y uno de los primeros presidentes de la academia, precisó con toda claridad su mandato: “ajustar la historia a los intereses políticos de la nación (la nación española constituida en la edad media, para ser exactos) y a los derechos de la Corona”. En definitiva, como escribió el historiador alicantino Pedro Ruiz Torres: “Cuestionar algunas tradiciones, pero no otras”.

Una determinada divulgación de la historia ayudará, sin duda, a construir una nación, pero no puede ser considerada el factor decisivo de su existencia. Resultaría demasiado sencillo. Massimo d’Azeglio, primer ministro del reino de Cerdeña y compañero de Garibaldi en la unificación italiana, inauguró la larga lista de aportaciones identificadoras de los elementos de la construcción nacional al afirmar: “Hemos hecho Italia, ahora debemos hacer a los italianos”. El mariscal Jósef Pilsudski, uno de los padres de la independencia de Polonia, puso su granito de arena al asegurar: “Es el Estado el que hace las naciones y no las naciones las que han hecho al Estado”.

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La España del siglo XVIII, al disponer de un Estado único, no solo pudo encargar la versión histórica más conveniente a sus propósitos, pudo afrontar también la construcción de la nación española utilizando el ejército y la escuela primaria, desarrollando así los elementos característicos de lo que Eric Hobsbawm denominaría, dos siglos más tarde, protonacionalismo: la lengua, la religión y la nación histórica. Cuando los Borbones pusieron manos a la obra, quedaba aún muy lejos la definición de la nación “como el plebiscito de cada día”, formulada por Ernest Renan. Este escritor e historiador bretón advirtió también: “El olvido, y yo diría también el error histórico, son factores esenciales de la creación de una nación, es por eso que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad”; lo dejó dicho en su conferencia más celebrada, ¿Qué es una nación?, pronunciada en la Sorbona.

Ernest Lluch, solitario austracista académico por mucho tiempo, mantuvo que la reclamación de la restauración de los antiguos fueros persistió desde el día siguiente a su abolición. En el año 1760, explicaba, a pesar de la fuerza y el encono puestos en la uniformización de lenguas, legislaciones y monedas, los procuradores de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma ya solicitaban al rey el restablecimiento de sus leyes. Sin éxito, obviamente, porque los privilegios del antiguo régimen ya no se recuperarían como consecuencia inmediata de la derrota militar pero también por la aureola de modernidad y eficiencia de la que gozaba la centralización.

La España del siglo XVIII, al disponer de un Estado único, no solo pudo encargar la versión histórica más conveniente a sus propósitos, pudo afrontar también la construcción de la nación española utilizando el ejército y la escuela primaria

Norman Davies, refiriéndose a sus reinos desaparecidos y aprovechando la metáfora de Platón asimilando al Estado con una nave, escribe: “Las naves no navegan por siempre. Las naves a veces capean las tormentas, a veces se van a pique. En algunas ocasiones logran llegar a puerto para ser reparadas; en otras, dañadas sin remedio, se desguazan o se hunden”.

Las naves de los reinos medievales de la península no salvaron la tormenta perfecta creada por la supremacía militar de Castilla y el predominio de las ideas de la Ilustración. Incluso la Corona aragonesa-catalana, su gran rival político y económico, pudo ser desguazada. De nada le sirvió al reino-condado el haber desarrollado una de las monarquías más reconocidas de Europa, con una administración avanzada que disponía de órganos como la cancillería real, la memoria anual del rey, el tesoro real, la casa real (la burocracia llamada el cos del rei), o disponer de la tercera flota más poderosa del Mediterráneo, tras la de Génova y la de los emiratos del norte de África. La autora de Transformando el Estado: Rey, Corte y política cultural en los reinos de Aragón, Marta VanLandingham, lo deja claro: “La modernización, por visionaria que sea, no es suficiente para asegurar la supervivencia de un Estado”.

Las naves de los reinos medievales de la península no salvaron la tormenta perfecta creada por la supremacía militar de Castilla y el predominio de las ideas de la Ilustración

Andreu Mayayo

Andreu Mayayo

La desaparición de aquellas coronas no es un misterio. El barón de Montesquieu, al tratar sobre la decadencia del imperio romano, ya desveló la causa de este tipo de fenómenos: “Si una causa particular, como el resultado accidental de una batalla, ha reducido un Estado a la nada es porqué había una causa general que hizo que dicho Estado pudiese hundirse con una sola batalla”.  El catedrático de Historia Contemporánea Andreu Mayayo concreta aquella causa general al afirmar: “Los reinos desaparecen cuando dejan de ser útiles”. Derrotas militares al margen. En el caso del reino-condado aragonés-catalán, la eficacia demostrada durante siglos habría ido disminuyendo por la acumulación de tres factores altamente perniciosos para sus intereses, registrados a lo largo de los últimos siglos de su existencia: la desaparición de la dinastía fundacional de los reyes-condes; el haber padecido la epidemia de la peste negra que diezmó demográficamente la corona hasta el extremo que en el momento de la unión personal de los Católicos, Aragón-Cataluña contaba tan solo con un millón de habitantes por siete millones de Castilla; y, probablemente el hecho más determinante, la pérdida de futuro económico del Mediterráneo en beneficio del Atlántico. “La confederación”, precisa Mayayo, “buscó la salvación de la mano del país que estaba en expansión, demográficamente más potente y con perspectiva de un imperio atlántico”. Sin embargo, el puerto de Barcelona no fue autorizado a comerciar con América hasta la llegada de Felipe V, dos siglos más tarde de lo esperado.

Los viejos reinos pudieron haber sido eclipsados de forma natural como resultado de la tendencia imperante en toda Europa, pero su muerte fue asistida. Su pérdida se materializó muy oportunamente, justamente cuando las monarquías estaban en condiciones de disponer de la maquinaria apropiada para configurar las unidades territoriales que se denominarían naciones y accederían al estado. Aquellas coronas no gozaron de la oportunidad histórica para construir lo que otras sí pudieron; y a pesar de todo, las huellas de aquellos reinos desvanecidos permanecen visibles en la arena peninsular.

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