La política medioambiental en España según la Unión Europea

España se enfrenta a importantes retos en los ámbitos de la gestión del agua y de los residuos, así como de la calidad del aire

Piscinas naturales en La Pesquera, en Beceite / EFE

Piscinas naturales en La Pesquera, en Beceite / EFE

La Comisión Europea ha adoptado hoy la Revisión de la aplicación de la política medioambiental, un nuevo instrumento para mejorar la aplicación de esta política europea y de las normas adoptadas conjuntamente. En el paquete de medidas aprobado hoy se incluyen 28 informes de países que presentan los puntos fuertes y débiles, así como las posibilidades nacionales; una comunicación que resume las conclusiones políticas de los informes por países, y examina las tendencias comunes en ámbitos como la calidad del aire, la gestión de los residuos y la economía circular, la calidad del agua y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, así como recomendaciones de mejora para todos los Estados miembros.

En el informe de España destacan como éxito el modelo de sostenibilidad urbana adoptado en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Capital Verde Europea en 2012. Así mismo, señalan como los tres principales retos a afrontar en la aplicación de la política y la legislación medioambientales de la UE, los siguientes: mejorar la gestión del agua, entre otras cosas completando el tratamiento de las aguas residuales urbanas; mejorar la gestión de los residuos y aprovechar el potencial de la economía circular; y aumentar la calidad medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. En cuanto a la economía circular y la eco-innovación suelen estar integradas en las políticas nacionales y regionales en materia de eficiencia en el uso de los recursos, innovaciones medioambientales, tecnologías limpias y desarrollo sostenible. No obstante, señalan que todavía carecemos de una estrategia nacional específica y exhaustiva sobre la materia. En cuanto a la gestión de residuos, advierten que el 55% de los residuos municipales todavía se deposita en vertederos (una cifra muy superior al 28% de media en la UE). Al ritmo actual de un 33% (16% de reciclaje y 17% de compostaje), España debe intensificar notablemente sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de reciclaje de la UE del 50% de los residuos municipales antes de 2020. Advierten también que en nuestro país hay ciertas zonas con déficit hídrico, es decir, donde la demanda de agua supera los recursos hídricos disponibles en unas condiciones sostenibles.

Aguas residuales informe Union Europea

En cuanto a impuestos relacionados con el medio ambiente, la UE incide en que los ingresos de España procedentes de estos impuestos son aún de los más bajos de la Unión, y propone que el Gobierno debe desplazar la fiscalidad que grava el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento. También señalan que existe el importante reto de reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente; siendo necesaria una mayor transparencia de los precios y las subvenciones, la modernización de los sistemas de regadío, así como un mejor control de las extracciones de aguas subterráneas, que en conjunto podrían permitir aprovechar el potencial de ahorro de agua, especialmente en el sector agrícola, el mayor consumidoa. En el informe señalan que podríamos obtener mejoras si aprovechásemos el valioso potencial del capital natural. 

Impuestos mediaoambientales Union Europea

La Revisión pone de manifiesto que, en el ámbito de la gestión de los residuos, la prevención sigue siendo un reto importante para todos los Estados miembros, seis de los cuales no han logrado limitar el arrojo en vertederos de los residuos urbanos biodegradables. El pleno cumplimiento de la política de residuos de la UE de aquí a 2020, podría suponer la creación de 400.000 puestos de trabajo.

Una plena aplicación de la legislación medioambiental podría ahorrar a la economía de la UE 50.000 millones de euros al año en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente; de acuerdo con información del Eurobarómetro, tres de cada cuatro ciudadanos piensan que la legislación europea es necesaria para proteger el medio ambiente en su país, y cuatro de cada cinco que las instituciones europeas deben comprobar si la legislación se cumple correctamente.

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