Si invirtió en el MAB, ojo con Hacienda

¿Se esconde arbitrariedad en las actuaciones de comprobación con deducciones tan regladas como la que da derecho la inversión en el MAB?

Contribuyentes realizan la declaración de la renta en una sede de la Agencia Tributaria / EFE

Contribuyentes realizan la declaración de la renta en una sede de la Agencia Tributaria / EFE

Todos estamos a favor de la necesaria e importante labor de la Agencia Tributaria contra el fraude. Las interpretaciones personalistas de la liquidación impositiva dañan la llamada solidaridad y fracturan el Estado de Derecho del mismo modo que lo hace la corrupción. Por este motivo, independientemente de la consideración de si la presión fiscal que soportamos como ciudadanos o empresarios es elevada o no, vale la pena llamar la atención sobre ciertas actividades inspectoras que la agencia hace y que aparentan más responder al apetito fiscalizador que ser propósito de la lucha contra el fraude.

En el capítulo de deducciones por inversiones, nuestra norma tributaria sufre un vacío considerable. Entre las estatales y las autonómicas destacan tres, a saber: la consabida por aportaciones a planes de pensiones o similares que contribuyen a reducir la base liquidable y deducciones por inversión en empresas ya sea en empresas emergentes (startups) ya sea en empresas en expansión y que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que minoran la cuota estatal y la autonómica, respectivamente.

Ambas tienen el mismo tratamiento: podrán deducirse el 20 % de las cantidades aportadas con un máximo de 10.000€ (lo que supone una inversión de 50.000 euros en la adquisición de las acciones). Si bien la inversión en el MAB tiene otras particularidades: para aplicarse la deducción, el inversor debe ser residente fiscal de la Comunidad Autónoma en la que la empresa tenga situado su domicilio, adquirir las acciones gracias a una ampliación de capital y mantenerlas en cartera un mínimo de dos años.

Como mercado regulado que es, el MAB dispone de un servicio de publicación de hechos relevantes en el que, tanto las empresas que cotizan con él como las que su incorporación ya ha sido aprobada, tienen la obligación de informar de cualquier eventualidad que afecte a la actividad de sus compañías. Y, obviamente, las ampliaciones y reducciones de capital lo son.

La deducción del MAB en el punto de mira

En un caso del que ha tenido conocimiento el equipo de Ecoonomia.com, un ciudadano ha sido requerido por la Agencia Tributaria a propósito de la aplicación de esta deducción en un ejercicio de la renta.

En el primer escrito, la Agencia Tributaria dictamina la supresión del derecho a la deducción ya que no se ha aportado la documentación que acredite tal derecho. Para dar respuesta a esto se aportaron: documento de incorporación de la compañía al Alternativo Bursátil, el hecho relevante de la ampliación de capital por parte de la compañía (en el que se incluye el precio al que se adquirirán las acciones y el plazo de duración de la ampliación, tanto en su tramo de suscripción preferente como en el discrecional), extractos bancarios en los que se señalan fecha de adquisición, precio de compra e importe por un lado, así como fecha de venta, precio de venta e importe resultante de la venta por otro (4 años de diferencia entre uno y otro, permanencia que dobla la mínima legal establecida). Es decir, todos aquellos que permiten comprobar que el importe deducido corresponde a la inversión realizada en una ampliación de capital al precio fijado en la misma y dentro del plazo marcado para hacerlo. 

La respuesta a las alegaciones no sólo fue negativa sino que el inspector adujo lo siguiente: "de la documentación aportada no queda acreditado que las acciones hayan sido adquiridas como consecuencia de una ampliación de capital, ni el porcentaje de participación en la entidad". Según la normativa, este porcentaje no debe exceder del 10% del capital social de la compañía. ¿Cuánto es el 10% de dos millones? Seguro que no lo son los 50.000 euros máximos que pueden tener derecho a la deducción. El ciudadano en cuestión podía haber invertido mucho más y que sólo los primeros 50.000€ le dieran ese derecho. Pero no es el caso; su inversión, como bien se muestra en los extractos, no superó los 15.000€. ¿Porcentaje de participación? ¿Cabe en este caso que el inspector lo mencione?

Ante la no voluntad del inspector por reconocer el error, el ciudadano tiene ahora la obligación de pagar la deuda o avalarla independientemente de los nuevos recursos que deba interponer. ¿Es esto una lucha contra el fraude? ¿Puede el afán recaudatorio suplir la diligencia debida?

Esta deducción, como cualquier normativa, también está sujeta al capricho de los políticos que someten la legalidad a la voluntad y no al mejor interés. De este forma, la CUP, el partido político catalán, exigió la supresión de esta deducción en Cataluña para dar salida a los presupuestos presentados por el presidente Puigdemont para este ejercicio. 

Consolidación de cifras récord de actividad inspectora

De esta manera se refiere la Agencia Tributaria en su nota de prensa de marzo, a la actividad realizada contra el fraude en 2016, en el que, según podemos leer, han impulsado "un total de 108.338 actuaciones nominales de comprobación e investigación, por encima de las 107.580 del año anterior" en las que, entre otros resultados, han conseguido elevar cuotas tributarias en más de 3.700 millones de euros como consecuencia de revisión de minoraciones de bases negativas, deducciones pendientes y cuotas a compensar.

Hacienda ha centrado su foco en estos últimos meses en profesionales y sociedades y los socios de las mismas. Tal y como señalan en la nota de prensa, "destacan las visitas presenciales (‘peinados’) destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. En esta actividad, directamente centrada en la detección de economía sumergida, se realizaron 24.491 actuaciones, un 12 % más que en 2015, destacando el incremento del 49 % en las destinadas a aflorar alquileres opacos. También se han seguido impulsando otras actuaciones tendentes al control y reducción de la economía sumergida haciendo uso de todos los instrumentos disponibles, incluidos aquellos derivados de la Ley Antifraude de 2012. En relación con el control de la facturación, medios de pago y uso de efectivo se han efectuado 534 visitas, un 75,6 % más que el año anterior, y se han iniciado 7.263 expedientes de análisis de denuncias en relación con el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, un 19,3% más que en 2015".

Por otro lado, cabe recordar que, según el informe Día de la Liberación Fiscal que elabora anualmente el Think Tank Civismo, el importe que los españoles pagamos en impuestos supera "en un 29,4% el gasto medio total acumulado en 2015 en concepto de alimentación, alcohol y tabaco, vestido y calzado, vivienda, mobiliario, salud, transportes, comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza, hostelería y otros. Si sumamos todas esas partidas, desglosadas en la Encuesta de Presupuestos Familiares que publica el INE, alcanzamos un desembolso global de 10.960 euros, es decir, 4.575 euros menos que todo lo contribuido a Hacienda". En el informe también podemos leer que todas las jornadas de sueldo desde el 1 de enero hasta el 29 de junio habrán ido a pagar una media de 15.535 euros en concepto de IRPF, cotizaciones sociales, IVA, impuestos especiales y otros gravámenes. 

Esperamos que la lucha contra la economía sumergida, el fraude y la corrupción siga y que también lo sea contra la actividad confiscatoria y que sirva para rebajar la evidente presión fiscal. Sólo así España puede pasar de ser un país recaudador a un país que genere ingresos. Esperamos también que las actividades inspectoras sean divulgativas y estén exentas de cualquier elemento que las pueda caracterizar de arbitrarias. 

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