España acumula (nuevas) advertencias de la Comisión Europea

En materia fiscal, advierte sobre la desproporcionalidad de las multas del Modelo 720 y asegura que entra en conflicto con las libertades fundamentales

Sede de la Comisión Europea en Bruselas / CG

Sede de la Comisión Europea en Bruselas / CG

En el día de hoy la Comisión Europea ha realizado múltiples advertencias a nuestro país en materias varias como contaminación atmosférica, morosidad, infracciones, fiscalidad y el desplazamiento de trabajadores. Sobre cada una de estas temáticas, la Comisión ha advertido lo siguiente:

  • Contaminación atmosférica: si bien la Comisión reconoce que corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas adecuadas para hacer frente a la superación de los límites de NO2, ha interpelado a Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido por no haber puesto coto a las reiteradas infracciones en cuanto a los límites de contaminación atmosférica. El dictamen motivado de hoy es debido a la persistente superación de los valores límite de NO2 en tres zonas de calidad del aire: una es Madrid y las otras dos son de Barcelona. La mayor parte de estas emisiones proceden del tráfico por carretera. Cada año, más de 400 000 ciudadanos mueren prematuramente en la UE por la mala calidad del aire. Varios millones padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, provocadas por la contaminación atmosférica. 
  • Morosidad: la Comisión pide a EslovaquiaEspañaGrecia e Italia que cumplan la Directiva 2011/7/UE de lucha contra la morosidad, para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales pues dicha Directiva refuerza los derechos de los acreedores al contemplar una compensación adecuada para éstos si no se respetan los plazos de pago acordados.Para desalentar una cultura de la morosidad, las administraciones públicas desempeñan un papel muy importante: el de dar ejemplo pagando a sus proveedores con celeridad y transparencia. La Comisión pide una acción de España en cuanto a la legislación que amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago (carta de emplazamiento).
  • Infracciones: Los Estados miembros tenían que transponer la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 sobre la comunicación de posibles infracciones (o infracciones reales) del Reglamento sobre abuso de mercado a las autoridades competentes de la Comisión antes del 3 de julio de 2016. Contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales. Como no respetaron el plazo original, se envió a España, los Países Bajos, Polonia y Portugal sendas cartas de emplazamiento en septiembre de 2016. Al no tener conocimiento de que hayan transpuesto la Directiva, la Comisión les ha enviado un dictamen motivado para su aplicación inmediata.
  • Fiscalidad: Al respecto del modelo 720, que sirve para declarar los activos que los contribuyentes españoles tengamos en el extranjero, la Comisión reconoce el derecho a exigir esta información por parte del Gobierno, pero advierte sobre la desproporcionalidad de las multas impuestas en caso de incumplimiento y advierte que pueden conseguir el efecto contrario, esto es, que la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. La Comisión añade que estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.
  • Desplazamiento de trabajadores: la Comisión pide a Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Suecia por no haber comunicado la plena transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2014/67/UE, que establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control apropiados sobre el desplazamiento de trabajadores. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a la Directiva debían entrar en vigor el 18 de junio de 2016, y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente y la Comisión desconoce si la han aplicado o no.

De no proceder en cada uno de estos puntos de acuerdo a la normativa comunitaria en un plazo de dos meses, el asunto puede remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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