El extraño contrato de un macrovertedero a una firma vinculada a la Gürtel

El Grupo Romero Polo, que supuestamente fue donante de la 'caja B' del PP, se hace con el centro de residuos de Lleida por 122 millones

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Vista del vertedero de Lleida en concurso para su ampliación, y documentación del expediente / CG
17.07.2017 00:00 h.

Es el extraño contrato de un macrovertedero a una empresa vinculada a la trama Gürtel. El Grupo Romero Polo ha cazado la gestión y ampliación del centro de tratamiento de residuos de Lleida, el mayor de la provincia, por 122 millones de euros.

La firma catalana lo ha conseguido a través de una unión temporal de empresas (UTE) con Valoriza (Sacyr) y en una adjudicación que ha levantado polémica por su opacidad.

"Ya no son los tres recursos que han interpuesto el resto de empresas concursantes --Sorigué y Urbaser; Ferrovial y Construcciones Calaf; y GBI Serveis y Àrids Romà--, son las dudas que suscita la adjudicación", denuncian fuentes cercanas al proceso.

Rechazan la puntuación

Uno de los argumentos aportados para cuestionar la licitación es un documento y una pregunta.

"¿Por qué el Consejo Comarcal del Segrià encarga un informe técnico a una consultoría y después lo rechaza porque incorporaba puntuaciones?", plantean las mismas fuentes.

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Documento en el que el Consorci de Residus, que depende del Consejo Comarcal, rechaza la valoración técnica / CG

Se refieren a un documento al que ha podido acceder Crónica Global. En el mismo, María José Invernón (PDeCAT), presidenta del consejo, rechaza el peritaje de Enginyeria Inalba SL porque clasificaba a las firmas licitantes.

La mesa de contratación, que preside la también alcaldesa de Aspa, indica en el mismo que "no abonará los honorarios" a la empresa de ingeniería hasta que ésta presente la documentación requerida "sin puntuación, valoración ordinal y otros documentos".

"Ya había técnicos"

Preguntado por el extraño movimiento en la contratación, un portavoz del consejo comarcal ha defendido que "sólo se pidió a Enginyeria Inalba, una clasificación de puntos fuertes y débiles de cada licitante".

Según la misma fuente, el informe "consta en el conjunto de documentos que la mesa de contratación ha analizado para hacer su valoración". El informe final de la mesa, ha agregado, "coincide con el contenido de Inalba".

En cualquier caso, el consejo rechazó puntuar a cada empresa porque la "configuración de los miembros de la mesa era mayoritariamente técnica".

Concurso parado

El ente que preside la alcaldesa del PDeCAT ha confirmado que el concurso está parado a la espera de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público falle sobre los tres recursos vivos.

 

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Aves en el vertedero de Lleida, que ha salido a concurso y se ha adjudicado Romero Polo / Ferran Turmo

Con 122 millones a 10 años, el contrato de transformación del vertedero de Montoliu (Lleida), es la mayor obra de estas características en concurso en Cataluña.

Preguntadas por la cuestión, varias de las firmas han rechazado comentar el estado de la licitación. Una de ellas se ha mostrado confiada en que el contrato, que se lanzó en 2015, "se resolverá finalmente en septiembre".

"Faltó transparencia"

Antes de que el fiscalizador público falle sobre los recursos, lo enmarañado del concurso ya ha sublevado a los alcaldes.

"Es evidente que faltó transparencia y rigor, estos concursos son muy complejos y muy golosos para las empresas", ha indicado Daniel Gort, alcalde de Montoliu.

"Lo mejos que podría ocurrir es que se falle el concurso cuanto antes. Y que la nueva empresa, sea Romero Polo u otra, redoble las acciones de reciclaje, pues hasta ahora no se hacía prácticamente nada", ha agregado el munícipe.

Donación al PP

Cabe recordar que Grupo Romero Polo está en la diana por inyectar 24.000 euros al Partido Popular (PP) en 2004. Dinero que, según declaró el extesorero del PP Luis Bárcenas, habría servido para financiar la campaña de los populares en la provincia en las elecciones al Congreso de los Diputados.

Los fondos habrían sido depositados en la caja B de la formación, aunque la Intervención General del Estado (IGE) descartó que hubiera coincidencia temporal entre adjudicaciones de obra pública y la donación.

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