Homeaway amenazó con 100 despidos en España si no le dejaban anunciar pisos ilegales

La web de alquiler alegó que desindexar los anuncios ilícitos "comprometía su viabilidad" en el país

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Dos turistas observan un panel de información del Metro de Barcelona / EFE
19.06.2017 18:31 h.

Homeaway amagó con generar 100 despidos en España si se la obligaba a evitar anunciar pisos turísticos ilegales. La web de alquiler vacacional alegó en un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la "viabilidad" de la empresa en el país estaba en entredicho si se la obligaba a desindexar los anuncios sin número de registro en Cataluña.

En una nueva sentencia del Tribunal Supremo del 12 de mayo, en la que los magistrados niegan medidas cautelares contra una orden de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña de 2015 que insta a quitar los apartamentos sin referencia legal, se revela cómo Homeaway desplegó su poder amenazador durante el curso judicial.

La tecnológica cifró en 1,9 millones de euros el coste de desindexación de dichos anuncios, ya que el 12% del total del tráfico de la web se producía en Cataluña.

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Los argumentos de la intermediaria no convencieron a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en febrero de 2016, que rechazó levantar medidas cautelares.

El mes pasado, de nuevo, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de casación de Homeaway que perseguía el mismo fin: dejar sin efecto la resolución de Turismo de 2015.

Los hoteleros se congratulan

Este último varapalo a la puntocom ha sido "celebrado" por el Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB) y la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (Confecat).

En una nota pública emitida el lunes, las dos patronales han indicado que consideran que la sentencia "da argumentos a la administración para mostrarse firme a la hora de defender el turismo frente a las especulaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de este sector".

A renglón seguido, las dos organizaciones han instado a las administraciones a "seguir trabajando en esta línea" para poner fin "a los abusos e impunidad de esta bolsa de economía sumergida, que representa una competencia desleal para los alojamientos reglados".

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