El Supremo decidirá sobre el Plan Hidrológico del PP

El Tribunal Supremo deberá decidir si el Gobierno de Mariano Rajoy actuó correctamente el pasado ocho de enero, cuándo ya estaba en funciones, al aprobar por consejo de ministros un Real Decreto para revisar 16 planes hidrológicos que afectan a las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; el llamado Plan Hidrológico del PP.

Tres compañías han presentado recursos ante la sala de lo contencioso-administrativo para frenar su desarrollo. Se trata de Gas Natural Fenosa, la Asociación de Empresas de Energías Renovables e Hidroeléctrica del Giesta, grupos con intereses en las zonas que se verán afectadas por la revisión de los planes de la gestión del agua en España.

Rechazo desde el primer momento

El Ejecutivo indicó en enero, cuándo anunció la medida, que los planes contaban con el ámplio aval del Consejo Nacional del Agua y que se debían poner en marcha porque los planes anteriores no fueron desarrollados y estaban vencidos según los criterios de la UE. Implicaban inversiones por más de 15.000 millones de euros en el caso de las cuencas de competencia estatal y otros 2.500 para las intercomunitarias. Con todo, Bruselas cargó contra el Plan Hidrológico al considerar que lo había presentado demasiado tarde. 

El Real Decreto fue blanco de críticas desde el primer momento. Se aprobó sin negociar con el resto de partidos con presencia en el Congreso y provocó el rechazo tanto de empresas implicadas en la gestión de las cuencas y la sociedad civil, especialmente en el Delta del Ebro.

Ahora, será el Supremo quien se encargue de avalarlo.