'Caso Kutxabank': el juez condena a prisión a Mario Fernández, expresidente del banco

La Audiencia Provincial de Vizcaya castiga con penas de prisión a tres personas por pagos irregulares en Kutxabank. Se trata del expresidente de la entidad Mario Fernández, del abogado Rafael Alcorta y del exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces. El juez solicita para ellos la privación de libertad entre seis meses y un año.

Para Fernández y Alcorta, la Audiencia solicita medio año de prisión por un delito de apropiación indebida. A Cabieces le impone un año de prisión por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares.

Pagos de 244.000 euros

Los hechos juzgados fueron los pagos supuestamente irregulares por importe de 243.592 euros de Kutxabank a Cabieces a través del bufete de abogados de Alcorta. La sentencia les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil. La resolución podrá ser recurrida en casación en cinco días.

La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de cárcel, mientras que la acusación popular reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno y Rafael Alcorta, y dos años y tres meses para Mario Fernández.

Más de 5.700 euros mensuales

La resolución judicial señala que el entonces presidente de Kutxabank recibió "una comunicación procedente de una personalidad relevante del mundo político solicitando su colaboración para proporcionar" a Cabieces "una salida u ocupación laboral en el ámbito privado". Y "dio orden" al director de Recursos Humanos para que, "con ánimo de procurarle un beneficio económico", entregase a Cabieces la cantidad mensual de 5.783 euros durante tres años, con cargo a las cuentas del banco, y 900 euros en concepto de gastos de viaje.

De esta forma, se puso en contacto a Mikel Cabieces con el despacho del acusado Rafael Alcorta, con el objetivo de que, "bajo su tutela y supervisión, y sin incorporarse a su despacho, durante ese plazo de tres años", el exdelegado del Gobierno "adquiriera los conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio de la profesión de abogado laboralista".

Todos lo sabían

El encargo de Fernández se materializó a partir de marzo de 2012. Ese mes, Mikel Cabieces se dio de alta en el Censo de Empresarios y Profesionales, y concertó un contrato de arrendamiento de un despacho en el que desarrollar su actividad. A partir de entonces y hasta el mes de octubre de 2014, Rafael Alcorta y Abogados emitió, en nombre de Kutxabank, facturas mensuales, en las que se adicionó, al importe mensual de los servicios prestados por el despacho en virtud del contrato mencionado, la cantidad de 5.783 euros.

En este sentido, explica que Mikel Cabieces cobró mensualmente las cantidades, ingresando en su cuenta los cheques que le entregaba Rafael Alcorta, "sabiendo que procedían de Kutxabank, a pesar de no haber suscrito ningún acuerdo o compromiso con dicha entidad y a pesar de no trabajar para ésta". "De todo esto era conocedor", añade.

Recurrirá

Este último ha anunciado ya que recurrirá la sentencia. Y ha denunciado que “desde el principio” se produjo “una situación de indefensión” que “alteró todo el proceso”. Fernández ha criticado además que no se ha atendido “ninguna de las pruebas presentadas” en el juicio. Pretende “limpiar” su “honor profesional”.

En un comunicado, defiende que su actuación “ha sido legal y ética, y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank”. “Nunca” actuó “atendiendo” a sus “propios intereses”. Se muestra disconforme y argumenta que ha existido una “vulneración de la presunción de inocencia”.