Barcelona se ausenta del debate sobre economía colaborativa

El Ayuntamiento de Barcelona se ha ausentado del debate sobre la regulación de la economía colaborativa. El Govern incluirá en el proyecto de Reglamento de Turismo de Cataluña la responsabilidad solidaria de los intermediarios tecnológicos, así como su contribución a la marca-destino y el buen uso de los pisos turísticos. Sin embargo, el equipo de gobierno de Ada Colau ha optado por la vía punitiva: multas y restricciones a, por ejemplo, Airbnb.

"No recibimos ni una sola queja de usuarios de Airbnb y empresas similares, pero es evidente que hace falta una regulación más clara", han indicado a Crónica Global desde el departamento jurídico de la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC).

Nivel autonómico

A nivel autonómico, dicho marco se está esbozando en dos vías. Por un lado, el Govern ha puesto a exposición pública el nuevo Reglamento de Turismo hasta el próximo 15 de septiembre.

Por el otro, el ejecutivo regional trabaja en la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo de la Economía Colaborativa, que preside el consejero de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget (CDC).

Las conclusiones del grupo de trabajo se conocerán a principios del próximo año, y sentarán las bases para la operativa de las nuevas empresas tecnológicas en Cataluña.

Castigo

La posición del consistorio barcelonés es muy distinta. La ciudad recibió casi nueve millones de turistas en 2015, según las cifras oficiales de Turisme de Barcelona. Con esta base, el equipo consistorial ha relegado a las plataformas tecnológicas del debate sobre el modelo turístico y ha optado por las sanciones y las restricciones.

Esta misma semana, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, volvía a señalar un apartamento anunciado en un intermediario turístico, mostrando a un ciudadano la herramienta para denunciarlo.

Esta actitud contrasta con la voluntad de la alcaldesa, Ada Colau, de gobernar una ciudad "líder en innovación tecnológica", según las declaraciones que hizo durante la inauguración del Tech Pier 01, el primer polo de empresas innovadoras de la Ciudad Condal, que abrió puertas oficialmente hace dos semanas.

Tasa turística

Las trabas impuestas a las puntocom tienen otro aspecto: la repercusión sobre la tasa turística. Esta misma semana, el segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, exigía "más recursos" para "gobernar el turismo". El edil (PSC) admitía que Barcelona "estudia nuevas vías impositivas" para repartir los beneficios en los barrios de la llegada de visitantes.

Collboni soslayó un factor: solo hay una empresa, Airbnb, capaz de recoger el impuesto sobre pernoctaciones turísticas en al menos 200 ciudades y regiones del mundo. La última en añadirse ha sido Los Ángeles, la ciudad más poblada del Estado de California (EEUU). El pacto con las autoridades locales se anunció el 18 de julio y ya es efectivo en agosto.

Uso de la tecnología

Precisamente, uno de los autores que ha teorizado sobre los beneficios de que las ciudades se alíen con las puntocom ha hecho hincapié en el aspecto fiscal. Arun Sundararajan, profesor de negocios de la Universidad de Nueva York, ha dejado escrito: "Consideremos una opción: que todos los delegados que asisten a un congreso en una ciudad paguen la tasa turística vía Airbnb, en lugar de las grandes hoteleras. Habría tres ventajas: mayor recaudación, mayor cumplimiento de la ley y más la credibilidad de las plataformas".

"Hay otro beneficio, quizá más importante en el largo plazo --continúa el autor en Qué pueden aprender los gobiernos de Airbnb, publicado en Fortune--. La compañía puede utilizar sus datos para asegurar que se cumplen una serie de regulaciones, igual que se hace con las tarjetas de crédito".